El ministro del Interior, Juan Zapata, informó que este jueves 1 de diciembre se declaró la emergencia en la Policía Nacional para atender a las 1.586 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) a escala nacional y adquirir armamento y municiones para enfrentar a la delincuencia organizada. Los recursos saldrán de la Cartera de Estado y de la institución policial.
En el programa Un Café con JJ, el ministro indicó que el objetivo de la emergencia es salvaguardar la integridad de los uniformados en una época en el que el modelo de gestión de las UPC en zonas, sobre todo, conflictivas ya no funciona. Las razones son los ataques de los que han sido víctimas los uniformados.
Comentó que dentro del plan de emergencia está la compra de armamento a Israel y las capacitaciones a los policías en el uso de armas cortas y largas.
Aclaró que la declaratoria de emergencia -que tendrá una vigencia de 60 días- la firmó ayer por ser de su competencia y que en esa línea se continúa con el proceso de compra de armas. Tema del que está a cargo el secretario de Seguridad.
Precisó que la emergencia se enfoca en atender a las UPC, sobre todo, a las que están en zonas consideradas rojas y distribuidas en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Santa Elena, El Oro y Los Ríos.
El mayor Luis Vinueza, jefe de Planificación de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público, señaló que antes las UPC fueron distribuidas por un proceso de georreferenciación y con la nueva estrategia se empezará a priorizarlas. “Unas se mantendrán y otras se cambiarán por cuarteles”, expresó.
Vinueza acotó que el próximo año egresará más personal policial para reforzar las UPC.
“Algunas UPC en Quito han sido dadas por la administración territorial. En ese caso debemos coordinar con ellos para reactivarlas, tomando en cuenta que los servidores deben tener servicios básicos y herramientas tecnológicas”, subrayó.
Mientras, Zapata añadió que en estos momentos las UPC son vulnerables y que si bien antes fueron creadas bajo la concepción de ser cercanas al barrio, de puertas abiertas, en ciertas zonas se requiere hacer un cerramiento, un cuartel intermedio como es en el caso de Nueva Prosperina, en Guayaquil, ya que el mecanismo actual es caduco y lo que se busca es minimizar el riesgo.
Aclaró que se contratará a una empresa para que construya los recintos policiales blindados. Son 26 cuarteles intermedios, en los que se concentrarán entre 200 y 300 uniformados.
El presupuesto dispuesto para el plan de modernización de la Policía es de USD 179 millones.
Sobre la propuesta legal que se analiza en la Asamblea Nacional con respecto al porte de armas, dijo que el tema debe ser discutido.
No afirmó si cualquier persona puede hacerlo, pero sí consideró que como una fuerza auxiliar lo podrían hacer los expolicías y exmilitares.
Señaló que el tema debe ser debatido, así como la presencia de policías en los hospitales, en el marco del respeto al Código Plata. Normativa que protege la vida al interior de las casas de salud, cuando se producen acciones con armas de fuego.