Gonzalo Silva, abogado penalista y exjuez de la Corte Suprema de Justicia, señaló que la denuncia del Gobierno sobre jueces involucrados en supuestas sentencias irregulares, es una clara interferencia de funciones.
“En forma no apropiada, despectiva y hasta grosera, se permite dilapidar a los funcionarios judiciales sin el debido sustento jurídico”, manifestó que el mandatario irrespeta los Derechos Humanos cuando mancha el honor, la honra, dignidad, voz e imagen de los magistrados y sus familias, pues en caso de existir alguna duda en sus dictámenes, ellos son susceptibles a recursos para que su superior los revoque o sancione por error inexcusable.
“Acaso el Presidente no tiene asesores que le digan no hable más de lo que debe, porque le puede repercutir lo que hace, no es procedente”. Se preguntó qué saca el Gobierno con este tipo de actuaciones, más allá de publicidad luego de haber perdido las elecciones seccionales y la consulta popular.
Aclaró que la única autoridad que puede actuar frente a esta supuesta denuncia es el presidente de la Judicatura Álvaro Román, aunque, dijo, se están armando mayorías dentro de esa entidad para frenar sus decisiones, lo cual lo atribuyó al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que permitió la desinstitucionalización que vive el país