Con cuatro votos a favor y tres en contra, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el informe que deberá ser enviado a la Corte Constitucional (CC) sobre las actuaciones que mantuvo el organismo respecto a la fiscal general, Diana Salazar. Desde esta institución se descarta haber realizado acción alguna sobre el proceso de designación de la primera autoridad de la Fiscalía hecho por el Consejo de Participación Transitorio.
En el documento se afirma que el organismo trató presuntas afectaciones a la participación ciudadana, actos u omisiones que generen corrupción denunciados por la ciudadanía contra la fiscal Salazar, lo que llevó a que el pleno del CPCCS se pronunciara sobre las recomendaciones hechas respecto a un presunto tráfico de influencias y supuestas faltas de integridad y ética académica en la elaboración y publicación de obras académicas por parte de la titular de la Fiscalía.
La aprobación del informe dada en la sesión extraordinaria número 14 de este sábado, 16 de septiembre, llega una vez la CC notificó el auto de inicio de verificación de la causa 0219IC/23 el 13 de septiembre de 2023. En el punto seis del auto se ordena al pleno de CPCCS que, en el término de 72 horas contadas a partir de la notificación, remita un informe pormenorizado de sus actuaciones respecto del proceso llevado a cabo por la institución en contra de la fiscal general del Estado.
Mariangel Muñoz, secretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, presentó el informe al pleno y arrancó aclarando que la institución como tal no sigue procesos en contra de ninguna persona, sino en atención a denuncias o pedidos que se presentan desde la ciudadanía.
En el informe se destaca la competencia que tiene el CPCCS en lo que tiene que ver con la transparencia y lucha contra la corrupción. Se habla de los antecedentes y se explica lo que habría hecho el Consejo de Participación a través de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, específicamente en lo que tiene que ver con la admisión de la denuncia y el proceso de investigación.
“El CPCCS y su pleno no ha ejercido ninguna actividad o actuación en contra de Diana Salazar, fiscal general de Estado, y en este marco en contra de ninguna autoridad o funcionario público.
Vera dispuso que se incorporen al informe los dos puntos solicitados por la consejera Verdesoto y se envíe inmediatamente la respuesta aprobada por cuatro votos del pleno del Consejo de Participación hasta la Corte Constitucional para así no transgredir las 72 horas de plazo dadas al organismo.
Foto cortesía: El Universo