Entre enero y abril de 2024, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) documentó 45 denuncias de violaciones a derechos humanos en Ecuador. Estas denuncias fueron analizadas para verificar su autenticidad y evaluar el impacto de la declaración de Conflicto Armado Interno en las acciones de las fuerzas públicas en el país.
Según el análisis de Inredh, las denuncias revelan abusos que no cumplen las condiciones de conflicto armado, por lo que son considerados como violaciones bajo el Código Integral Penal (COIP) y estándares internacionales.
Se registraron 19 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo agresiones físicas y humillaciones. Los militares fueron responsables de ocho casos, la policía de seis, y la Policía Metropolitana de dos; dos casos involucraron tanto a militares como a policías. Marzo fue el mes con más incidentes, destacándose Guayaquil como la ciudad con mayor incidencia.
Además, hubo tres denuncias de desapariciones forzadas bajo custodia estatal y cuatro ejecuciones extrajudiciales reportadas durante el estado de excepción. Se registraron cinco detenciones ilegales y arbitrarias, algunas de ellas afectando a comunidades indígenas.
El informe también destaca intimidación y ataques cibernéticos dirigidos a organizaciones defensoras de derechos humanos, reflejando un ambiente hostil que limita su capacidad para recibir y procesar denuncias.
Inredh concluye que el entrenamiento militar no adecuado para operativos de orden público es uno de los factores subyacentes a estas violaciones. El objetivo del informe es aumentar la visibilidad de estas violaciones y promover cambios significativos en las políticas de seguridad y en el respeto a la dignidad humana en Ecuador.
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