El proceso electoral en la Universidad Central del Ecuador ha generado controversias y acciones legales. Las autoridades universitarias han apelado a instancias judiciales superiores debido a supuestos incumplimientos de sentencia por parte del Consejo de Educación Superior (CES) y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
Las autoridades de la Universidad Central del Ecuador presentaron una acción por presunto incumplimiento de sentencia contra el CES y la Senescyt, alegan que estas entidades no han cumplido con los plazos estipulados para la emisión de informes técnicos y jurídicos necesarios para la convocatoria a nuevas elecciones, tres días después de que el CES, basándose en un informe de la Senescyt, resolviera convocar a elecciones en un plazo de 30 días, las autoridades de la Universidad Central presentaron la acción legal, argumentan que el informe debía ser entregado el 20 de junio de 2024 y la resolución del CES el 21 de junio, sin embargo, el informe se presentó el 5 de julio y el CES resolvió el 8 de julio, fuera del plazo establecido.
El conflicto se desarrolló en Quito, con las acciones legales presentadas entre el 5 y el 8 de julio de 2024. La audiencia para verificar los incumplimientos se solicitará próximamente. Las autoridades de la Universidad Central consideran que el incumplimiento de los términos establecidos viola sus derechos y la seguridad jurídica, calificando las acciones del CES y la Senescyt como arbitrarias.
Las autoridades de la Universidad Central del Ecuador han llevado su caso a instancias judiciales superiores debido a lo que consideran un incumplimiento de sentencia por parte del CES y la Senescyt, argumentan que estas entidades no cumplieron con los plazos para la emisión de informes necesarios para la convocatoria a nuevas elecciones. El CES había resuelto, basándose en un nuevo informe de la Senescyt, que se convoque a elecciones en un plazo de 30 días, sin embargo, las autoridades universitarias sostienen que estos informes y resoluciones fueron emitidos fuera del plazo establecido, lo que constituye una violación de sus derechos. Por esta razón, presentaron una acción legal para que se verifiquen los incumplimientos y sus efectos.
Además, solicitaron la convocatoria a una audiencia para analizar los incumplimientos. La jueza Lorena Figueroa, quien lleva el caso, determinó que el 12 de julio de 2024 notificará a las partes procesales para que informen sobre las actuaciones respecto a la sentencia. Con las apelaciones presentadas, el caso pasará a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y, eventualmente, podría llegar a la Corte Constitucional.
La controversia electoral en la Universidad Central del Ecuador resalta los desafíos y complicaciones en el cumplimiento de resoluciones judiciales. Las autoridades universitarias buscan justicia y claridad en el proceso, mientras que el CES y la Senescyt deberán defender sus acciones ante instancias judiciales superiores, este conflicto pone de manifiesto la importancia de la seguridad jurídica y el cumplimiento de los plazos establecidos en procesos legales y administrativos.