Durante este año en Ecuador, se ha registrado una serie alarmante de homicidios dirigidos contra políticos, reflejando una creciente preocupación por la seguridad y la violencia en el país. El más reciente de estos actos de violencia tuvo lugar el 8 de julio, cuando David Jiménez Quezada, teniente político en la provincia costera de El Oro, fue atacado brutalmente por sicarios que le dispararon al menos 15 veces mientras se desplazaba en su vehículo.
Este trágico evento se suma a una serie de crímenes perpetrados a lo largo del año. El primero ocurrió el 7 de febrero, cuando Diana Carnero, concejal del cantón Naranjal en Guayas, fue atacada por dos hombres en moto. Más adelante, el 24 de marzo, la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y Jairo Loor Meza fueron encontrados muertos en la playa de Punta Napo, en Manabí.
El 17 de abril, José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay, fue asesinado mientras hacía ejercicio en la ciudadela Nueva Ponce. Pocos días después, el 19 de abril, Jorge Maldonado, alcalde de Portovelo en El Oro, también perdió la vida en circunstancias similares, a pesar de la presencia militar en el país.
El 3 de junio, Cristhian Nieto, asambleísta alterno por Los Ríos, y su esposa Nicole Burgos, fueron víctimas de un ataque armado mientras asistían a un circo en Manta. Finalmente, el 2 de julio, José Miguel Mendoza, excandidato a la alcaldía de Portoviejo, fue asesinado mientras conducía por la Ciudadela Municipal, siendo blanco de disparos desde una motocicleta.
Estos trágicos eventos subrayan la urgente necesidad de abordar la seguridad de los líderes políticos en Ecuador, quienes enfrentan un riesgo significativo de violencia en diferentes regiones del país durante este año.
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