Por pedido de la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado (CGE) empezó, en enero de 2024, exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de funcionarios y oficiales de alto nivel. El objetivo es hallar indicios de enriquecimiento ilícito.
Según la normativa de Ecuador, todos los funcionarios públicos incluyendo a policías y militares deben presentar declaraciones patrimoniales juradas al inicio y al final de su gestión. Así como cada dos años durante el ejercicio del cargo.
En estos formularios, que son recibidos y almacenados por la Contraloría, los servidores transparentan su información de activos y pasivos. Estas auditorías permiten determinar si han existido incrementos injustificados en sus patrimonios durante su paso por la función pública.
En enero de 2024 la Contraloría inició 161 exámenes especiales a las declaraciones de funcionarios de nivel jerárquico superior en Guayas, Galápagos, Imbabura, Los Ríos, Pastaza, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Hasta el 4 de julio de 2024, la Contraloría ya ha aprobado 28 informes a las declaraciones patrimoniales juradas de estos funcionarios de alto nivel.
De este total de exámenes, nueve presentaron indicios de responsabilidad penal. Es decir, la Contraloría halló sospechas de enriquecimiento ilícito. Por esta razón, estos expedientes fueron enviados a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se empiecen investigaciones previas.
Además de los exámenes especiales que están en marcha, la Contraloría tiene previsto iniciar otras 88 auditorías a las declaraciones patrimoniales de funcionarios de alto nivel, en el segundo semestre de 2024.
En esta ocasión, entrarán en análisis las autoridades del Ministerio de Defensa, el IESS, la Agencia Metropolitana de Tránsito, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Fiscalía General, entre otras.
También, el 8 de julio de 2024, la Contraloría informó que entre el 15 de julio y el 15 de agosto de 2024, todos los servidores públicos de Ecuador deben presentar una nueva declaración patrimonial jurada.