El Gobierno de Ecuador ha comenzado a investigar presuntas irregularidades en los contratos de delegación de radares de velocidad gestionados por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Esta acción se desencadenó tras una alerta emitida por el asambleísta Adrián Castro, quien señaló que el proceso de contratación, iniciado en mayo de 2023, presenta serias anomalías. Inicialmente, se había previsto la instalación de 147 radares, pero el número final se elevó a 480, lo que ha generado sospechas sobre la transparencia del proceso.
Como resultado de estas denuncias, el CTE decidió suspender las operaciones de 39 radares ubicados en varias provincias del país. Esta medida se tomó para investigar más a fondo las irregularidades señaladas, que incluyen la emisión de multas consideradas excesivas por los consorcios involucrados, Seviecu y Ecutransit. El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, ha afirmado que estas empresas han estado “estafando a la ciudadanía” con sus prácticas.
El informe de la Contraloría General del Estado también ha revelado falencias en la gestión de los radares en cinco ciudades, destacando la falta de estudios que justifiquen los contratos y la inobservancia de los términos acordados. Esto ha llevado a cuestionar la eficacia de los gobiernos cantonales en la supervisión de los consorcios encargados de operar estos dispositivos.
Además, el Gobierno ha solicitado a la Contraloría un examen especial para determinar las responsabilidades en este caso. La situación ha generado un clima de incertidumbre, ya que se trata de un contrato millonario que podría beneficiar a las empresas privadas involucradas, mientras que los ciudadanos se ven afectados por las multas impuestas.
En respuesta a estas acciones, los consorcios implicados han defendido su gestión, argumentando que han cumplido con todos los requisitos legales. Sin embargo, la presión pública y las investigaciones en curso podrían llevar a un cambio significativo en la forma en que se gestionan los radares de tráfico en Ecuador.
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