En Guayaquil, ingenieros y empresas contratistas de obras públicas están siendo víctimas de un esquema de extorsión que les obliga a pagar entre USD 4.000 y USD 8.000 mensuales a grupos criminales. Estas bandas controlan las áreas donde se llevan a cabo los proyectos y exigen pagos para permitir su desarrollo. La situación ha llevado a que el Municipio de Guayaquil se desmarque de la responsabilidad, instando a las empresas a denunciar ante la Policía y la Fiscalía.
El problema de la extorsión no se limita a áreas con alta violencia; se ha generalizado en toda la ciudad, afectando múltiples procesos de contratación. Según el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, la extorsión está impactando proyectos en diversas zonas, incluyendo aquellas que antes no eran consideradas críticas. Esto ha llevado a que algunas empresas se abstengan de participar en licitaciones, poniendo en riesgo la construcción de obras necesarias en barrios vulnerables.
La situación se ha vuelto aún más alarmante con el asesinato de dos ingenieros civiles en el noreste de Guayaquil, lo que resalta la gravedad de la violencia asociada a la extorsión. Las mafias no solo exigen dinero, sino que también imponen trabajadores a los proyectos, lo que incrementa los costos y afecta los plazos de ejecución.
Las empresas constructoras están reevaluando la viabilidad de mantener a sus empleados en un ambiente de constante tensión e inseguridad. Un representante de una empresa afectada mencionó que los costos de mantener a los ejecutivos y obreros en estas condiciones son insostenibles. Además, un concurso para la reconstrucción de una cancha deportiva se declaró desierto debido a la falta de participación de contratistas, lo que evidencia el impacto directo de la extorsión en proyectos comunitarios.
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