La Contraloría enfrenta una serie de críticas debido a la caducidad de más de 32.000 glosas que suman más de 4.000 millones de dólares. Esta situación ha sido atribuida a una combinación de excusas poco convincentes e irregularidades detectadas en una auditoría interna. Los informes entre departamentos han tardado más de lo esperado, lo que ha llevado a la pérdida de la capacidad de control de la entidad.
Un examen interno revelado que entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de noviembre de 2023, se produjo múltiples demoras en el procesamiento de expedientes. Las irregularidades se encontraron en varias áreas de la Contraloría, incluyendo la Dirección Nacional de Responsabilidades y la Gestión de Responsabilidades Administrativas. El contralor, Mauricio Torres, ha calificado estas anomalías como “barbaridades”, destacando casos donde informes fueron aprobados con 180 días de retraso.
Los funcionarios han argumentado que muchos documentos se perdieron en un incendio ocurrido en octubre de 2019, durante protestas indígenas. Sin embargo, esta explicación ha sido cuestionada, ya que se ha utilizado repetidamente para justificar la falta de acción en la recuperación de glosas. Un exdirector de Responsabilidades mencionó que el incendio resultó en la pérdida de millas de expedientes, pero esto no ha sido suficiente para absolver a la Contraloría de su responsabilidad.
La situación se complicó aún más con la llegada de la pandemia de COVID-19, que llevó al gobierno a declarar un estado de excepción. Esto, según los exfuncionarios, afectó la capacidad de la Contraloría para gestionar adecuadamente los expedientes. Sin embargo, las críticas apuntan a que no se tomen las medidas necesarias para evitar la caducidad de las glosas durante este período.
A pesar de la gravedad de la situación, el contralor ha indicado que no se pueden reactivar las glosas caducadas. Las recomendaciones del informe se centran en la necesidad de mejorar la organización y los controles dentro de la Contraloría para prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro. Se enfatiza la importancia de establecer directrices claras para gestionar los expedientes y evitar la caducidad de las resoluciones.
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