El Ejecutivo ha solicitado una nueva reforma parcial a la Constitución, centrada en temas de seguridad, que busca permitir la reinstalación de bases militares extranjeras en el país. De aprobarse el proceso legislativo, la propuesta del presidente Daniel Noboa se someterá a un referéndum.
El anuncio fue realizado el 16 de septiembre de 2024, cuando Noboa, desde la antigua Base de Manta, señaló que la salida de las bases durante el mandato de Rafael Correa facilitó el avance del narcotráfico, en lugar de fortalecer la soberanía nacional. Para permitir el regreso de bases extranjeras, Noboa ha propuesto modificar el artículo 5 de la Constitución, el cual prohíbe tanto el establecimiento de bases militares extranjeras como la cesión de instalaciones militares nacionales a fuerzas armadas extranjeras.
El objetivo de la reforma es eliminar estas restricciones. Noboa enviará la propuesta a la Asamblea Nacional, pero primero deberá pasar por la Corte Constitucional, que determinará si una reforma parcial es el camino adecuado para este cambio. Según la experta en derecho constitucional Ximena Ron, esta modificación requiere una reforma parcial debido a la naturaleza del cambio en la Constitución.
El Legislativo discutirá el proyecto en dos sesiones, con un intervalo mínimo de 90 días entre cada debate, según la normativa. Aquí, Noboa podría enfrentar un obstáculo, ya que la Asamblea puede rechazar la propuesta, como sucedió anteriormente con iniciativas de reforma del Comité para la Institucionalización Democrática.
Si la Corte Constitucional y la Asamblea aprueban el proyecto, este será sometido a un referéndum organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que se trata de un cambio a la Constitución. Para ser aprobado, el referéndum deberá obtener al menos el 50% más uno de los votos válidos emitidos.
Este proceso no es ajeno a los ecuatorianos, ya que en la consulta popular del 21 de abril de 2024 se incluyó una pregunta sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en temas de seguridad interna, como parte de una reforma presentada por el expresidente Guillermo Lasso y aprobada por la Asamblea.