La jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma, resolvió imponer una multa a la vicepresidenta Verónica Abad, aunque sin afectar sus derechos políticos. La decisión se tomó tras una denuncia interpuesta por Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana.
La sentencia, emitida el 5 de noviembre de 2024, aún puede ser apelada. Guarderas acusó a Abad de realizar campaña anticipada en las elecciones seccionales de 2023, en las que aspiraba a la Alcaldía de Cuenca, con el objetivo de que fuera destituida de su cargo.
Según el documento judicial, se examinó la denuncia de Guarderas contra Abad por una supuesta infracción electoral grave, que incluye actos de precampaña o campaña anticipada, conforme al artículo 278, numeral 7, del Código de la Democracia.
Luego del análisis, la jueza determinó que Abad había realizado actos de campaña anticipada a través de sus redes sociales, por lo que se aceptó la denuncia y se le impuso una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, es decir, alrededor de USD 8,500.
Si bien Coloma calificó la conducta de Abad como reprochable, aclaró que no se demostró un daño significativo o irreparable al proceso electoral.
«La proporcionalidad en la sanción requiere que esta sea adecuada a la gravedad de la infracción. Aunque la normativa contempla sanciones como la destitución o suspensión de derechos de participación, aplicarlas sería desproporcionado en este caso», señaló la jueza.
«La destitución o la suspensión de derechos son sanciones reservadas para casos de mayor gravedad y daño comprobado, lo cual no quedó demostrado en esta denuncia», concluyó.
Cabe señalar que Abad enfrenta otras denuncias pendientes en el TCE, incluidas acusaciones de supuesta violencia política de género presentadas por la canciller Gabriela Sommerfeld y la consejera presidencial Diana Jácome.