A través de un oficio dirigido al fiscal General del Estado (e), Leonardo Alarcón, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) le solicitó que formule cargos, dentro de la investigación del caso Progen, a la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y al actual titular del Ministerio de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.
La CNA expresó su preocupación en por qué altos funcionarios del Gobierno no hayan sido incluidos en la investigación y pidió que se establezcan sus posibles responsabilidades en los procesos de contratación de motores de generación termoeléctrica en Salitral y Quevedo.
Dicho proceso penal investiga contratos emergentes suscritos durante la crisis eléctrica de 2024 con Progen Industries. La Fiscalía ya formuló cargos contra 21 personas por presunto peculado. La investigación se centra en contrataciones que involucraron pagos superiores a USD 100 millones.
La solicitud lo planteó el coordinador de la CNA, Germán Rodas, quien sostuvo que tanto Manzano como Luque deben responder por su participación en el proceso de contratación de la empresa.
En un pronunciamiento público, Rodas afirmó que el caso Progen representó “un gran asalto al país” y cuestionó que, hasta el momento, la Fiscalía no haya procesado a Manzano y Luque.
A su criterio, esta situación podría derivar en escenarios de impunidad dentro de una investigación que involucra el manejo de millonarios recursos públicos.
Uno de los principales cuestionamientos del representante de la Comisión Nacional Anticorrupción se dirigió a Roberto Luque, quien, según señaló, se acogió al derecho al silencio durante las diligencias.
Rodas sostuvo que esa figura jurídica corresponde únicamente a personas procesadas dentro de una causa penal y consideró que resulta improcedente en el caso del ministro, quien no ha sido vinculado formalmente al proceso.
“Lo que están buscando es que guarde silencio para no informar de la contratación de Progen”, manifestó Rodas.
Sobre Manzano, dijo que, durante su gestión como ministra, habría autorizado cinco de los seis pagos realizados a favor de Progen, por lo que considera necesario que la Fiscalía determine su grado de responsabilidad dentro del proceso.
Asimismo, recordó que tanto Manzano como Luque defendieron públicamente la contratación de la empresa durante el desarrollo del proyecto.
Finalmente, Rodas advirtió que, si la Fiscalía decide no procesar a ambos exfuncionarios pese a los elementos expuestos por la Comisión Nacional Anticorrupción, se estaría construyendo un mecanismo de impunidad.
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