El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se ha convertido en uno de los actores más relevantes dentro del escenario político ecuatoriano, debido a su capacidad para resolver conflictos electorales, sancionar autoridades y definir aspectos clave del proceso rumbo a las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
En los últimos meses, varias resoluciones del organismo han generado debate entre sectores políticos, especialmente por decisiones que afectaron a figuras y movimientos de oposición, mientras despejaron el camino para la organización oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
Entre los casos más relevantes se encuentran sanciones, suspensiones, cancelaciones de movimientos, rechazo de recursos y procesos contra distintas figuras políticas.
Procesos contra figuras y movimientos de oposición
Caso Cristian Zamora
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, recibió una sentencia en primera instancia que establece una suspensión de seis meses de sus derechos políticos y una multa de USD 12.050 por una denuncia relacionada con violencia política de género.
La resolución generó impacto debido a que Zamora figuraba como uno de los posibles candidatos con mayor respaldo para buscar la reelección en los comicios de 2026.
Suspensión de la Revolución Ciudadana
El movimiento Revolución Ciudadana (RC) fue suspendido por nueve meses tras un proceso relacionado con el caso denominado “Caja Chica”.
La medida limita su participación directa en las elecciones seccionales de 2026 y afecta su capacidad de organización electoral durante ese periodo.
Suspensión del movimiento Amigo
Luego de la suspensión de la RC, sectores de oposición analizaban utilizar la organización Amigo (Lista 16) como una alternativa electoral.
Sin embargo, el 17 de julio de 2026, el TCE notificó la suspensión provisional del movimiento por nueve meses, una decisión que dejó a la RC sin una plataforma electoral disponible para participar en los próximos comicios.
Procesos contra Unidad Popular y Construye
Otros movimientos políticos como Unidad Popular y Construye enfrentaron procesos relacionados con la posible eliminación de su registro electoral.
Mientras varios recursos fueron rechazados, Unidad Popular logró mantenerse vigente y conservar su personería jurídica.
Sanciones económicas a autoridades locales y opositores
Aunque algunas resoluciones no implicaron una inhabilitación inmediata, sí representaron sanciones económicas y cuestionamientos políticos.
Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, recibió multas por USD 9.600 y USD 4.700 por procesos relacionados con violencia política de género y presunta promoción electoral.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito, fue sancionado con una multa de USD 9.200 por promoción electoral. Además, una denuncia que buscaba una sanción por violencia política de género fue rechazada por el Pleno del TCE, permitiéndole mantener sus aspiraciones electorales. Sin embargo, el movimiento Amigo, con el que planeaba participar, quedó suspendido.
Viviana Veloz, asambleísta de oposición, recibió una multa de USD 9.000 por una acusación relacionada con campaña anticipada.
El adelanto de las elecciones y las decisiones del TCE
Otro de los temas que generó controversia fue el cambio del calendario electoral, que adelantó los comicios previstos inicialmente para febrero de 2027 hacia noviembre de 2026.
El TCE respaldó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) y determinó que el cambio correspondía a una reorganización técnica dentro de las competencias del organismo electoral.
Entre los recursos presentados y rechazados constan:
Revolución Ciudadana: el juez Joaquín Viteri archivó el recurso presentado por Gabriela Rivadeneira, argumentando que el movimiento no tenía legitimidad procesal al encontrarse suspendido temporalmente.
Partido Social Cristiano (PSC): el juez Patricio Maldonado rechazó la impugnación presentada contra el adelanto electoral y ratificó la facultad del CNE para modificar el cronograma.
Izquierda Democrática (ID): el Pleno del TCE confirmó la inadmisión del recurso presentado por Holver Giler Macías al considerar que no contaba con la representación legal requerida.
Movimiento L.I.D.E.R.: el recurso presentado por Pablo Ricaurte Altamirano fue archivado por incumplimientos en los plazos y requisitos procesales.
Otros casos relevantes resueltos por el TCE
Dentro de sus últimas decisiones, el organismo también resolvió procesos relacionados con:
Daniel Noboa: se rechazó una denuncia relacionada con su participación en campaña sin solicitar licencia del cargo.
Diana Jácome: fueron archivadas denuncias por presunta violencia política contra la asambleísta de ADN.
Jan Topic: fue descalificado como candidato presidencial para 2025 debido a que sus empresas mantenían contratos con el Estado, situación considerada como un posible conflicto de intereses.
Verónica Abad: el TCE resolvió una suspensión de sus derechos de participación, impidiendo que asumiera temporalmente funciones presidenciales durante la campaña electoral.
Un escenario político marcado por decisiones electorales
Las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral han modificado el panorama político ecuatoriano mediante sanciones, suspensiones, inadmisión de recursos y decisiones sobre el calendario electoral.
Mientras sectores de oposición cuestionan algunas de estas medidas y aseguran que afectan sus posibilidades de participación, desde las autoridades electorales se sostiene que las decisiones responden a la aplicación de la normativa vigente.
De cara a las elecciones seccionales de 2026, el papel del TCE continuará siendo determinante en la definición de candidaturas, movimientos habilitados y reglas de competencia política.