El proyecto de una segunda cárcel de máxima seguridad del Gobierno de Daniel Noboa genera dudas y controversias. Inicialmente anunciada para Pastaza, documentos oficiales sugieren que podría construirse en Archidona, Napo.
Desde su posesión en noviembre de 2023, Noboa prometió construir dos cárceles al estilo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. En enero de 2024, anunció que estarían en Santa Elena y Pastaza, con capacidad para 736 presos. Aunque en junio de 2024 se firmó un contrato de USD 52 millones para la cárcel de Santa Elena, el proyecto de Pastaza quedó en pausa y surgieron rumores sobre su ubicación en Archidona.
En agosto de 2024, estos rumores alertaron a las autoridades locales. La asambleísta Sandra Rueda pidió información al SNAI, que aseguró que el proyecto no figuraba en su planificación. Sin embargo, el mismo SNAI había declarado reservada la información sobre la construcción de una cárcel en Archidona, según medidas cautelares presentadas por la Defensoría del Pueblo en septiembre de 2024.
Aunque el Tribunal de la Corte de Napo negó las medidas cautelares en octubre, datos presupuestarios del Ministerio de Finanzas reflejan una asignación de USD 25,2 millones para la cárcel en Archidona, lo que intensificó las sospechas. En respuesta, líderes locales, encabezados por Rueda y la alcaldesa Amada Grefa, declararon resistencia para evitar la construcción.
Archidona ya alberga una cárcel con capacidad para 312 personas, pero con un 67% de hacinamiento. La posibilidad de una nueva prisión preocupa a la comunidad, especialmente por su proximidad a escuelas con más de 4.000 estudiantes, generando temores por la seguridad. Aunque el Gobierno mantiene silencio oficial, las tensiones persisten en la región.