La Defensa difundió un audio que recoge una conversación que, según el medio digital, corresponde a un receso de la audiencia de apelación del caso Grillete, que se efectuó el pasado 16 de septiembre de este año.
Las voces que se escuchan en dicha grabación serían de los jueces Demóstenes Díaz Ruilova y Olga Martina Aguilera.
Aquel 16 de septiembre, el tribunal se había retirado antes del mediodía y tenía previsto reinstalar la diligencia a las 16:00. En la grabación se escucha: “Yo dije: Demóstenes me avisó que le estaban obligando a hacer la audiencia” y “ella quiere hacerlo, el problema es que le quieren hacer incidentes”.
Durante el diálogo se menciona el nombre de Ricardo Moscoso. Según información del apartado de Transparencia que consta en la página web del Consejo de la Judicatura, Moscoso sería el coordinador provincial de Asesoría Jurídica en Guayaquil.
La conversación incluye comentarios sobre el estado físico de Aquiles Álvarez. La voz de una mujer, que sería Aguilera dice: “Ese hombre, destruido; el SNAI maldito no lo había bañado, pero verlo tan flaco… yo lloré”.
Además, se califica a funcionarios estatales como “destructores de vida”. El audio suena a resignación: “Salgamos de esta huev… si no esa loca nos va a meter en problemas”.
Al final del audio se indica que deben evitar que la Corte Constitucional acepte la solicitud de acción de protección presentada por la defensa de Alvarez, ya que “todos ellos nos pueden perseguir hasta el final de nuestras vidas”.
Tras ello, Fiorella Ycaza, esposa de Aquiles Alvarez, mencionó que “siempre lo dijimos: esto es persecución”.
“Hoy empiezan a salir a la luz hechos que merecen ser esclarecidos hasta las últimas consecuencias. Podrán intentar callar, presionar o esconder la verdad, pero la verdad no permanece enterrada para siempre. Todo sale a la luz. Y Dios todo lo ve”, enfatizó.
Por su parte, el abogado David Norero, señaló que el caso Grillete ya nació bajo una controversia jurídica fundamental: la defensa sostiene que cualquier incumplimiento de la medida debía ser conocido por el juez que la impuso, conforme al artículo 542 del COIP. En cambio, se abrió otro proceso penal y Aquiles terminó condenado y encarcelado.
“Ahora la pregunta es mucho más grave: ¿Quién presionaba a los jueces? ¿Qué se había prometido? ¿Y por qué temían ser perseguidos si no lo hacían? Fiscalía y Judicatura deben investigar inmediatamente. Esto ya no se trata de Aquiles. Una democracia puede sobrevivir a un mal gobierno. Lo que no puede sobrevivir es a jueces que tengan miedo de hacer justicia”, subrayó.
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