El juez Fernando Muñoz, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), resolvió que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no incurrió en violencia política de género contra la concejal Ana Chóez. Según el dictamen, las declaraciones de Álvarez hacia la edil, calificadas como críticas políticas, no contenían elementos que constituyeran estereotipos o actitudes discriminatorias basadas en género.
Ana Chóez, representante del Partido Social Cristiano (PSC), había denunciado al alcalde por comentarios despectivos y presuntas acciones de exclusión durante las sesiones del Concejo Municipal. Entre las acusaciones, mencionó que su imagen era retirada de las transmisiones en vivo y que su micrófono era silenciado durante sus intervenciones. También señaló haber recibido críticas personales durante debates políticos, lo que consideraba una limitación a su libertad de expresión.
El caso incluyó incidentes ocurridos durante sesiones municipales de 2023 y 2024. En particular, Chóez destacó una reunión donde Álvarez la acusó de ser «cara dura» y otra en la que afirmó que, debido a perfiles como el suyo, «el país está en la m». Sin embargo, el juez determinó que estas expresiones no correspondían a actos de violencia política de género, sino a un intercambio común en el contexto político.
La defensa de Álvarez argumentó que la denuncia de Chóez era desproporcionada y que no había evidencia de discriminación por motivos de género en sus interacciones. Además, señalaron que las diferencias entre ambos eran estrictamente políticas y surgían de desacuerdos sobre la administración municipal y los proyectos en discusión.
Este fallo concluye un caso que atrajo la atención por debatir los límites entre la crítica política y la violencia de género. Ana Chóez se mostró inconforme con la resolución, mientras que Aquiles Álvarez expresó satisfacción con la decisión, que lo exime de responsabilidad. Este caso representa un precedente importante en temas de justicia electoral y género en Ecuador.
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