Durante la audiencia de acción de protección solicitada por la vicepresidenta Verónica Abad, los abogados del Ministerio del Trabajo no lograron justificar los 150 días de suspensión impuestos como parte del sumario administrativo en su contra. La diligencia, que se suspendió tras varios intercambios, dejó abierta la discusión sobre la legalidad y fundamentación de la medida.
La vicepresidenta busca anular la resolución del Ministerio del Trabajo, argumentando que la sanción es inconstitucional y carente de sustento legal. Su defensa solicitó varias medidas de reparación, entre ellas, la restitución de su cargo, el archivo del sumario administrativo, disculpas públicas de la ministra del Trabajo, capacitación de la funcionaria en garantías constitucionales, y una orden para evitar futuros actos de persecución o intimidación.
La audiencia contó con la intervención de varios abogados como amicus curiae, quienes señalaron que la sanción vulnera principios de seguridad jurídica y la Constitución, además de carecer de pruebas concretas. Sostuvieron que las acciones del Ministerio del Trabajo representan un riesgo para la estabilidad de las normas legales y administrativas.
La jueza Nubia Vera cuestionó reiteradamente al abogado del Ministerio sobre la base legal que respalda los 150 días de suspensión, sin obtener respuestas claras. Aunque el Ministerio argumentó que la medida se basaba en la Ley Orgánica de Servicio Público y el principio de proporcionalidad, no se pudo identificar una disposición normativa específica que determinara la duración exacta de la sanción.
En su intervención, la jueza enfatizó que la falta de una norma precisa y explícita genera dudas sobre la legalidad de la decisión. Según se indicó, la duración de la sanción se habría determinado bajo el criterio de «sana crítica», lo que refuerza los cuestionamientos sobre la arbitrariedad y legitimidad de la medida adoptada contra la vicepresidenta.
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