En lo que va del año, un total de 150 casas han sido destruidas en el cantón de Durán, debido a sospechas de que sus ocupantes estarían vinculados a actividades delictivas. La destrucción de estas viviendas ha sido parte de una serie de operativos de seguridad realizados por las autoridades, que buscan erradicar los focos de criminalidad en la zona. Las viviendas afectadas han sido demolidas por la Policía Nacional, bajo la alegación de que en ellas se albergaban organizaciones delictivas relacionadas con el narcotráfico y otros delitos.
Las autoridades sostienen que estas acciones forman parte de un plan más amplio para combatir la inseguridad en la región, que se ha visto intensificada por la presencia de grupos criminales. Sin embargo, la medida ha generado controversia y protestas por parte de los ciudadanos afectados, quienes denuncian que las autoridades han destruido propiedades sin pruebas claras de que los residentes estuvieran involucrados en actividades ilícitas. En muchos casos, las viviendas eran habitadas por familias que aseguran no tener vínculos con el crimen organizado.
Los residentes afectados han expresado su preocupación por la falta de compensación o alternativas para rehacer sus vidas después de la destrucción de sus hogares. Por su parte, las autoridades han indicado que el objetivo de estas operaciones es recuperar el control de las zonas más conflictivas y dar un mensaje claro contra la delincuencia.
A pesar de las críticas, las autoridades continúan con los operativos y destacan que la medida es necesaria para garantizar la seguridad y el orden en Durán. Sin embargo, se prevé que el debate sobre el uso de esta estrategia continúe, especialmente entre los sectores que defienden los derechos de los afectados.
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