La empresa Furukawa, ha expresado su firme oposición al fallo de la Corte Constitucional de Ecuador, que la obliga a pagar una indemnización de $120.000 a cada una de las 342 víctimas registradas de esclavitud moderna. La sentencia, emitida en noviembre de 2024, es un golpe importante para la firma japonesa, que asegura que cumplir con este pago es una tarea imposible debido a la magnitud de la suma.
Según los términos de la resolución, Furukawa debe compensar económicamente a las víctimas de explotación laboral ocurrida en sus plantas entre 2010 y 2019. Las acusaciones de esclavitud moderna se basan en una serie de prácticas laborales abusivas, que incluyen trabajo forzado, salarios insuficientes y condiciones de trabajo deplorables, afectando principalmente a trabajadores de origen migrante, que habrían sido sometidos a condiciones laborales extremas.
La empresa, a través de un comunicado oficial, ha manifestado su preocupación por el impacto que esta condena tendrá en su operativa y en la estabilidad de sus operaciones en Ecuador. «Es imposible cumplir con la magnitud de esta sanción sin poner en riesgo la viabilidad de nuestra compañía», indicaron. Furukawa sostiene que la decisión podría llevar a una disminución significativa de su fuerza laboral, afectando a cientos de trabajadores que actualmente forman parte de la empresa.
Furukawa defiende su postura al afirmar que desde 2019, tras la denuncia inicial de las condiciones laborales irregulares, ha implementado reformas importantes dentro de sus instalaciones. Según la compañía, se han mejorado las condiciones laborales, se ha aumentado el salario de los trabajadores y se ha garantizado el cumplimiento de las normativas laborales locales e internacionales. Además, la firma ha colaborado con diversas organizaciones no gubernamentales y autoridades para asegurar la implementación de mejores prácticas en el manejo de su personal.
El ajuste de las condiciones laborales, según Furukawa, ha sido parte de un proceso de transformación empresarial que se ha enfocado en erradicar cualquier práctica de explotación. Sin embargo, la Corte Constitucional considera que estos esfuerzos no son suficientes para reparar el daño causado a las víctimas, y por ello ha dictado una sentencia que obliga a la empresa a pagar la indemnización establecida.
Las víctimas han expresado su satisfacción con el fallo de la Corte Constitucional, considerándolo como un paso importante en la lucha contra la explotación laboral. Las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores celebraron la sentencia, señalando que establece un precedente importante en la lucha por la justicia social y la erradicación de la esclavitud moderna en el país. «Es una victoria para los derechos humanos y una muestra de que el sistema judicial puede actuar en defensa de los más vulnerables», comentó un representante de la Confederación Nacional de Trabajadores del Ecuador (CNTE).
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