El 12 de diciembre de 2024, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, reveló que, 12 de los 16 binomios presidenciales ya cuentan con una cápsula de seguridad, como medida para proteger a los candidatos debido a los riesgos que pueden implicar sus postulaciones. Esta medida de seguridad se implementa tras los incidentes ocurridos en elecciones pasadas, especialmente después del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio durante las elecciones anticipadas de 2023, lo que hizo aún más evidente la necesidad de garantizar la protección de los aspirantes.
En cuanto a los detalles específicos del resguardo, se ha asignado un tipo de protección diferenciada según las circunstancias de cada binomio. Por ejemplo, Daniel Noboa, candidato presidencial por la alianza de la agrupación política ADN, cuenta con un resguardo militar, mientras que su compañera de fórmula, María José Pinto, está protegida por agentes de la Policía Nacional. Esta diferencia en el tipo de resguardo refleja la evaluación de riesgo particular que se hace a cada candidato y sus circunstancias. En otras palabras, la asignación de los recursos de seguridad depende de una serie de factores, como la relevancia política, la visibilidad pública y las amenazas específicas a las que se enfrentan los candidatos.
Por otro lado, en el binomio presidencial de la agrupación política Suma, sólo el postulante a la presidencia, Wilson Enrique Gómez, ha recibido hasta el momento la asignación de una cápsula de seguridad. La candidata a la vicepresidencia, Inés Díaz Chiran, aún no cuenta con resguardo, lo que ha generado preocupaciones sobre la eficacia de la protección y la posible evaluación de riesgos que aún está pendiente para su caso. El CNE ha mencionado que se encuentra trabajando para que todos los binomios tengan acceso a las medidas de seguridad necesarias antes de las elecciones de 2025.
El proceso de asignación de seguridad no solo se limita a los binomios presidenciales, sino que también involucra a otros aspirantes, como los candidatos a la Asamblea Nacional. En las elecciones de 2023, 41 aspirantes a asambleístas solicitaron protección, lo que refleja un panorama de inseguridad que afecta a muchos actores políticos en el país. Para las elecciones de 2025, además de los 137 asambleístas, se elegirán 151 curules y cinco parlamentarios andinos, lo que aumenta la cantidad de personas que podrían requerir medidas de seguridad en caso de ser consideradas en situación de riesgo.
La asignación de los recursos de seguridad y la evaluación de riesgos son competencias que recaen sobre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, quienes son los encargados de realizar los análisis correspondientes y determinar las medidas a tomar. Para las elecciones de 2025, el CNE y las autoridades encargadas de la seguridad han planificado que cada cápsula de seguridad contará con un equipo de nueve servidores, los cuales brindarán protección a los binomios presidenciales de acuerdo con el nivel de riesgo que se haya identificado. Esto implica que los binomios con mayores amenazas podrían contar con más personal a su disposición, garantizando así un resguardo adecuado para asegurar la integridad de los candidatos en un ambiente cada vez más complejo y violento.
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