La Fiscalía General del Estado ha procesado a Wellington A., un policía en servicio activo, por su presunta participación en el delito de trata de personas. Según el informe oficial, el agente sería parte de una red de delincuencia organizada que operaba en la provincia de Manabí, donde se dedicaba a reclutar jóvenes bajo amenazas, extorsión y engaños, con el objetivo de convertirlos en sicarios y obligarlos a cometer otros delitos. Tras la formulación de cargos, el juez encargado del caso aceptó la solicitud del fiscal y ordenó la prisión preventiva del implicado mientras continúan las investigaciones.
La operación judicial fue el resultado de dos meses de trabajo investigativo por parte de la Fiscalía, que logró identificar a una persona clave en la red de reclutamiento, quien se encargaba de capturar a los jóvenes en distintos cantones de Manabí. Estos jóvenes, según la Fiscalía, eran coaccionados y manipulados para que se unieran a actividades ilícitas, como el sicariato y otros delitos violentos. El proceso judicial también ha destapado una posible vinculación entre el policía detenido y un grupo criminal que opera en la región, lo que ha incrementado la gravedad del caso.
El modus operandi del reclutador, según la investigación, incluía el uso de amenazas y extorsión para que los jóvenes se adentraran en el mundo de la delincuencia. A través de engaños, les ofrecía entrenamientos en el uso de armas y otros tipos de preparación militar, con el fin de convertirlos en sicarios y obligarlos a participar en actividades violentas para el grupo criminal. Este tipo de prácticas no solo pone en evidencia la peligrosidad de las bandas delictivas, sino también la corrupción interna dentro de las fuerzas de seguridad.
El caso ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía debido a la implicación de un miembro activo de la policía en actividades criminales. Las autoridades han reiterado su compromiso de desmantelar redes de delincuencia organizada y asegurar que aquellos que están encargados de la protección y el orden público no se vean involucrados en actividades ilícitas. Mientras tanto, el detenido enfrenta un proceso judicial por trata de personas y otros cargos relacionados con su presunta participación en la organización criminal.
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