El Bloque de Seguridad de Guayaquil ha señalado a grupos delictivos como responsables de la desaparición de cuatro menores en la ciudad, el pasado 8 de diciembre. Según las autoridades, estos menores fueron secuestrados por individuos que no pertenecían a las fuerzas militares ni policiales, a pesar de los informes iniciales que indicaban lo contrario. Los menores fueron vistos por última vez en el sur de la ciudad, específicamente en el parque Covien, donde se desarrollaba un partido de fútbol.
La versión oficial, descartando la participación de personal militar, ha generado controversia, ya que los familiares de los menores aseguran que la desaparición está vinculada con fuerzas del orden. Para esclarecer los hechos, la Fiscalía ha tomado el caso, abriendo una investigación para determinar las circunstancias de la desaparición. Además, se ha interpuesto un habeas corpus en favor de los menores, exigiendo que se reconozca el acto como desaparición forzada.
A pesar de la intervención de las autoridades, las familias de los menores han mostrado desconfianza en el manejo del caso. Los padres y abogados de los desaparecidos insisten en que se debe profundizar en la investigación y en la posible responsabilidad de agentes de seguridad. Además, varios sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación por la creciente violencia y abusos que se están registrando en el país.
La desaparición de estos menores ha puesto en evidencia las tensiones entre los civiles y las fuerzas de seguridad. El incidente ha alimentado un creciente malestar entre la población, especialmente en un contexto en el que las desapariciones y la violencia en Ecuador siguen siendo un tema candente.
En respuesta, el Bloque de Seguridad, que agrupa a distintas instituciones encargadas de la seguridad pública, ha subrayado que la responsabilidad de la desaparición recae exclusivamente en grupos delictivos, en particular bandas organizadas que operan en la región. Sin embargo, la falta de pruebas claras para respaldar esta acusación ha generado más incertidumbre.
El gobierno ecuatoriano ha reiterado su compromiso de investigar el caso a fondo. Las autoridades continúan buscando pistas que permitan ubicar a los menores y esclarecer el paradero de los mismos. Las familias, por su parte, han exigido una respuesta rápida y contundente, además de justicia para sus hijos.
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