El Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito rechazó la acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad contra tres decretos del presidente Daniel Noboa, considerándola «improcedente». La resolución fue tomada por unanimidad tras una audiencia de seis horas. El tribunal argumentó que no se había demostrado un daño que pudiera ser reparado, ya que los actos administrativos impugnados ya habían cesado, y no encontraron vulneración de los derechos constitucionales de Abad.
Abad había impugnado los decretos 490, 494 y 500, que asignaban funciones diplomáticas y comerciales a su cargo, enviándola como embajadora a Israel y como consejera económica en Turquía. Su defensa argumentó que esto violaba su dignidad humana y seguridad jurídica, al ser tratada de manera discriminatoria y degradando el principio de jerarquía al dejarla en una posición subordinada a otras autoridades. La defensa también destacó que el presidente Noboa había utilizado la figura de «fuerza mayor» para delegar la vicepresidencia a Cynthia Gellibert.
Por otro lado, la abogada de Noboa, Mercedes Mediavilla, defendió la legalidad de los decretos, señalando que los argumentos de la defensa de Abad ya habían sido presentados en el Tribunal Contencioso Electoral y habían sido rechazados. Además, cuestionó la legalidad de que Abad impugnara la delegación de funciones de la vicepresidencia, ya que este tipo de temas debería tratarse en la jurisdicción contenciosa administrativa y no en el ámbito judicial.
En respuesta, Abad y su abogado anunciaron que apelarán la sentencia, insistiendo en que los decretos violaban los derechos de la vicepresidenta y que los encargos asignados por el presidente Daniel Noboa no eran constitucionales. Abad subrayó que, a pesar de su destino a Israel y Turquía, no se había negado a cumplir con sus funciones, pero exigió que se respetaran sus derechos como mandataria electa y que la jerarquía del cargo fuera respetada.
Al final de la audiencia, Abad expresó su preocupación por el impacto negativo que este caso podría tener en las mujeres que quieran incursionar en la política, aludiendo al hostigamiento sufrido durante su gestión. Aseguró que se encontraba dispuesta a cumplir con las funciones en el extranjero, pero bajo condiciones que respeten su investidura y derechos constitucionales.