En el marco de una investigación por cohecho y asociación ilícita, la Policía y la Fiscalía llevaron a cabo 11 allanamientos en Riobamba y Pichincha.
La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado llevaron un cabo un operativo como parte de una investigación por asociación ilícita, cohecho y otros delitos en Riobamba.
Durante la madrugada del 30 de enero, en el marco del operativo denominado Altares , se efectuaron 11 allanamientos en las provincias de Chimborazo y Pichincha, lo que resultó en la aprehensión de 10 personas.
Investigación por presuntos actos de corrupción
Las indagaciones apuntan a una red de corrupción que incluiría delitos como cohecho y tráfico de influencias, mediante los cuales se habrían obtenido beneficios económicos ilícitos.
Las actividades irregulares presuntamente se llevaban a cabo a través de la adjudicación fraudulenta de contratos, negocios de contrabando en locales comerciales y la venta de cargos públicos en diversas instituciones.
Además, se identificaron irregularidades en los trámites de matriculación vehicular y licencias, así como en la manipulación de sanciones por delitos y contravenciones de tránsito, con el objetivo de favorecer a ciertos ciudadanos y evitar que sean sancionados.
Cuatro concejales detenidos
Según la Fiscalía, estas actividades ilícitas habrían ocurrido entre 2023 y 2025. La investigación se inició en 2023 a partir de una denuncia ciudadana.
Entre los lugares allanados se encuentran el Municipio de Riobamba, la Dirección de Movilidad y las viviendas de cuatro concejales, además de otros domicilios vinculados a siete personas, incluyendo abogados y funcionarios.
Evidencias incautadas
Durante los todos los análisis realizados en ambas provincias, las autoridades confiscaron diversos indicios, entre ellos:
- $25 000 en efectivo
- Cinco teléfonos celulares
- Una computadora portátil
- Dos tabletas
- Un dispositivo de almacenamiento
- Documentación relevante
- Sustancias sujetas a fiscalización
Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación legal. Asimismo, las pruebas recabadas serán analizadas y utilizadas en los respectivos procesos judiciales.