Ecuador fue incluido por Estados Unidos en una nueva medida arancelaria tras ser señalado por no aplicar de manera efectiva su legislación contra el trabajo forzoso. La decisión fue anunciada el 2 de junio por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que determinó que varios socios comerciales no han tomado acciones suficientes para impedir la entrada de productos elaborados bajo estas condiciones.
Según el organismo estadounidense, 60 economías fueron evaluadas. De ellas, 54 no cuentan con prohibiciones relacionadas con el trabajo forzoso, mientras que seis —entre ellas Ecuador, Canadá, México, Indonesia, Pakistán y la Unión Europea— sí poseen normativas, pero presentan deficiencias en su implementación.
Debido a esta situación, el USTR estableció un arancel adicional del 10% para los seis países con controles considerados insuficientes. En contraste, las economías que no cuentan con ninguna prohibición enfrentarán una tarifa del 12,5%.
Washington sostiene que la falta de controles favorece la competencia desleal al permitir que empresas que utilizan mano de obra forzada reduzcan costos de producción. Además, considera que esta práctica afecta a los productores que cumplen con las normas laborales y facilita la evasión de restricciones comerciales existentes en otros mercados.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que la inacción de algunos socios comerciales frente a este problema genera condiciones de competencia desiguales para los trabajadores estadounidenses.
Entre los sectores ecuatorianos que podrían verse afectados figuran el aceite de palma y sus derivados, productos pesqueros como harina y aceite de pescado, así como flores y textiles, actividades que ya habían sido observadas en investigaciones previas del USTR.
La medida podría impactar la competitividad de exportaciones clave para Ecuador, especialmente en productos como camarón y flores, que no aparecen entre las excepciones establecidas por la resolución.
Por otro lado, Estados Unidos excluyó de este nuevo arancel a productos como café, cacao y sus derivados, banano, piña, aguacate y mango, que forman parte de la oferta exportadora ecuatoriana.
La disposición aún no entra en vigencia. El USTR recibirá comentarios públicos hasta el 6 de julio de 2026 y realizará audiencias el 7 de julio antes de adoptar una resolución definitiva.
De confirmarse la medida, los exportadores ecuatorianos enfrentarían una nueva carga arancelaria, sumándose al gravamen general del 10% que rige desde el 24 de febrero para una parte importante de las exportaciones no petroleras y no mineras del país. Las investigaciones que dieron origen a esta decisión incluyeron consultas con 46 gobiernos y más de 500 aportes ciudadanos.