La legisladora oficialista Diana Jácome fue objeto de críticas por un audio que la asociaría a un plan para resguardar a la exministra Inés Manzano en el asunto Progen. Durante su declaración, evitó abordar el contenido del audio, enfocándose en atacar a la oposición.
En una aparición marcada por confrontaciones y falta de claridad en las respuestas, la asambleísta oficialista Diana Jácome prefirió recurrir a ataques personales y advertencias legales en lugar de aclarar las serias acusaciones sobre la supuesta coordinación para obstaculizar la supervisión en el caso Progen.
La conferencia de prensa, convocada en la Asamblea Nacional el miércoles 3 de junio de 2026 tras la divulgación de un audio que sugiere maniobras políticas para proteger a la exministra Inés Manzano, concluyó con una provocación adicional por parte de la legisladora hacia el grupo de la Revolución Ciudadana: «Vayan y compren la pijama naranja».
Defensa centrada en la forma, no en el fondo
El núcleo del conflicto radica en una grabación de julio de 2025 en la que la exministra Manzano menciona una «movida» coordinada con Jácome. Según el audio, Jácome habría asumido la dirección de las comparecencias desde la Comisión de Transparencia con el fin de neutralizar el control ejercido por otras comisiones de oposición y garantizar que las intervenciones de los funcionarios fueran «breves», evitando entrar en detalles sobre las irregularidades de los contratos eléctricos.
En respuesta, la defensa de Jácome, claramente irritada, se limitó a señalar que en el material divulgado no se escucha su voz ni hay textos que sean de su autoría, catalogando el audio como una «conversación entre terceros».
“El audio plantea una responsabilidad que no es mía. ¡No se demuestra ningún tipo de compromiso de Diana Jácome en esto! Aquí no hay nada que se revele! ”, declaró. Sin embargo, la legisladora se abstuvo de ofrecer aclaraciones convincentes sobre la estrategia mencionada por Manzano para «sofocar» la supervisión, así como sobre la razón por la que el proceso finalizó con un informe que no señalaba responsabilidades para los altos cargos, a pesar de las denuncias sobre contratos defectuosos por USD 149 millones.
Amenazas en lugar de rendición de cuentas
Ahora, en lugar de desmentir las acusaciones, Jácome utilizó el encuentro para presentarse como víctima y atacar a sus opositores. La asambleísta catalogó a los miembros de la Revolución Ciudadana como “delincuentes” para desacreditar sus actuales solicitudes de fiscalización.
Al finalizar su intervención, Jácome se negó a responder a las preguntas de los periodistas sobre la supuesta coordinación para impedir el control político. En su lugar, rodeada de algunos miembros de su grupo, reafirmó su postura combativa:
Afirmó que continuará “dándoles guerra”. Insinuó que la oposición debería prepararse para la prisión. Repitió dos veces la frase: “usen buenas pijamas porque las van a necesitar (…). vayan y compren la pijama naranja”. Estas afirmaciones ya las había empleado previamente en el Pleno y son vistas como una amenaza política directa.
Un bloqueo legislativo bajo sospecha
Mientras Jácome afirma que la supervisión del asunto Progen ha llegado a su fin y que se permitió la participación de todas las agrupaciones, las evidencias presentadas a la Fiscalía indican un posible trato a niveles elevados para proteger la gestión del ministerio.
Roberto Luque e Inés Manzano, quienes eran ministros de Energía en ese periodo, no se presentaron ante la mesa oficial, a pesar de que eran parte del gabinete en el tiempo de la adquisición de motores eléctricos que nunca aportaron energía al sistema ecuatoriano en los cortes de hasta 14 horas que sufrió el país en 2024.
El oficialismo consiguió que el informe de la mayoría se enviara a la Contraloría sin ser discutido en el Pleno, dejando en un estado incierto el informe de la minoría que sí mencionaba responsabilidades políticas contra Inés Manzano y Roberto Luque. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, afirmó que la fiscalización parlamentaria del caso Progen “ha concluido” dentro de la comisión y que el informe no se elevará al Pleno.
A pesar de los intentos de obstrucción denunciados por la oposición, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) recientemente aprobó una nueva petición de juicio político contra Manzano por supuestas fallas en su desempeño en los proyectos Salitral y Quevedo. Sin embargo, Jácome busca evitar cuestionamientos utilizando una retórica agresiva y descalificando sistemáticamente a quienes promueven la fiscalización.