El Ministerio de Gobierno se pronunció este lunes 3 de febrero de 2025, respecto a la sentencia de la Corte Constitucional (CC) sobre los decretos ejecutivos 500 y 505. En el comunicado, el ministro José De La Gasca también abordó el encargo presidencial realizado a Cynthia Gellibert y la utilización de los decretos ejecutivos para este propósito. La Corte Constitucional notificó, después de 11 días de haber emitido la sentencia, que los decretos 500 y 505 son inconstitucionales.
La sentencia de la Corte, que declaraba la inconstitucionalidad de dichos decretos, se refería a una decisión tomada por el presidente Daniel Noboa, quien había encargado la Presidencia a la vicepresidenta designada, Cynthia Gellibert, bajo la figura de «fuerza mayor». La decisión de la Corte fue adoptada por mayoría, con el voto salvado del juez Enrique Herrería. Esta medida se daba en el contexto de la ausencia temporal del presidente y fue parte de los decretos que regulaban la sucesión presidencial.
En su pronunciamiento, el Ministerio de Gobierno explicó que la sentencia aclara tres puntos principales. Primero, que la Corte Constitucional considera que las «situaciones de fuerza mayor» que motivaron los decretos no están dentro de su competencia para ser analizadas. Segundo, la Corte reafirma que los decretos 494 y 512 no son sujetos a un análisis de inconstitucionalidad, por lo que siguen siendo válidos, y que en esos decretos se designaba a Gellibert como vicepresidenta durante la ausencia temporal de Verónica Abad.
Por último, el Ministerio de Gobierno indicó que la Corte Constitucional no tiene competencia para evaluar situaciones relacionadas con el artículo 93 del Código de la Democracia ni con infracciones electorales. Este punto refuerza el argumento de que no era necesaria una licencia en este caso. Además, el Ministerio recordó que el presidente no hizo uso de bienes públicos ni recibió remuneración alguna. El comunicado concluye con una crítica hacia la «vieja política» y ciertos «expertos», acusándolos de intentar malinterpretar la sentencia por razones electorales, y reafirma su compromiso de gobernar conforme a la Constitución y la ley.