La minería ilegal en Ecuador ha alcanzado dimensiones alarmantes, debido a su estrecha relación con el crimen organizado y el narcotráfico. Esta actividad ilegal impacta negativamente en la economía y las finanzas del país, además de causar graves daños al medioambiente y afectar directamente a las comunidades locales. La falta de acciones gubernamentales eficaces ha agravado aún más esta situación, poniendo en peligro tanto las poblaciones como los ecosistemas de la Amazonía ecuatoriana.
La minería ilegal genera entre 600 y 800 millones de dólares anuales, según las Naciones Unidas, y funciona como un canal para el lavado de dinero del narcotráfico. Esta actividad cuenta con el apoyo de políticos y funcionarios corruptos, lo que, junto a la falta de control, fomenta la coexistencia de minería legal e ilegal y dificulta la supervisión adecuada. Este panorama crea un entorno de opacidad que complica la transparencia y la vigilancia ciudadana sobre el sector minero.
Las comunidades locales, especialmente en la región amazónica, son las más perjudicadas por los efectos de la minería ilegal. La violencia contra aquellos que defienden sus territorios y la criminalización de su lucha son frecuentes. Los asesinatos de los alcaldes de Ponce Enríquez, Portovelo y Arenillas son solo algunos ejemplos de cómo la minería ilegal está vinculada al narcotráfico y el crimen organizado, lo que ha permitido que estas operaciones clandestinas sigan extendiéndose sin intervención efectiva.
A pesar de que el presidente Daniel Noboa ha anunciado medidas como la reapertura del catastro minero y la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim), estas iniciativas no son suficientes para frenar la expansión de la minería ilegal. El acuerdo comercial con Canadá ha generado rechazo en sectores que se oponen al modelo extractivista. En este contexto, es fundamental que el nuevo gobierno implemente medidas más eficaces y coordinadas, como auditorías al sector minero y una capacitación adecuada de los jueces para garantizar la transparencia y evitar la infiltración de grupos criminales. Es esencial también crear normativas claras para las consultas previas y ambientales, protegiendo los derechos de las comunidades afectadas.