El Pleno del Consejo de la Judicatura dio inicio este martes 11 de febrero de 2025 a procesos disciplinarios relacionados con presuntas irregularidades en el concurso fallido de jueces nacionales de 2023. Este concurso tuvo lugar durante la gestión de Wilman Terán, quien fuera presidente de este organismo y fue condenado por delitos de delincuencia organizada y obstrucción a la justicia.
Entre los investigados se encuentran el exdirector general del Consejo y el exasesor del despacho, ambos parte del equipo de confianza de Terán. El exdirector fue sentenciado a nueve años de cárcel por el caso Metástasis, mientras que el exasesor recibió una pena similar por su implicación en el caso Independencia Judicial.
Las investigaciones técnicas apuntan que los involucrados presuntamente habrían ejercido presión sobre otros servidores para que entregaran información confidencial del concurso. Se señala que ambos exfuncionarios habrían proporcionado un disco duro para cargar la información solicitada, con el fin de facilitar el acceso no autorizado a los datos.
En otro ámbito, el exasesor de Presidencia y el excoordinador de Relaciones Internacionales supuestamente emitieron órdenes para obtener el banco de preguntas del examen teórico del concurso. Además, habrían influenciado en los funcionarios encargados de las tecnologías de la información (TICS) para obtener detalles sobre cómo «desencriptar» dicha información. Sin embargo, los servidores presionados no informaron a sus superiores sobre estas irregularidades y, en su lugar, cumplieron las órdenes, lo que permitió la filtración de información sensible y comprometió la seguridad de la plataforma.