En 2024, las remesas a Ecuador alcanzaron un total de 6,552 millones de dólares, de los cuales el 72.9% provino de Estados Unidos.
Esto significa que los migrantes, tanto legalizados como indocumentados, enviaron 4,776.4 millones de dólares a sus familias en Ecuador, lo que representa el 4% del PIB del país. Para poner esto en perspectiva, las remesas desde Estados Unidos superaron en 218.4 millones las exportaciones ecuatorianas a ese mismo país entre enero y noviembre de 2024.
Rodrigo Mendieta, director del Departamento de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Cuenca, realizó un análisis sobre el impacto que las deportaciones podrían tener en las remesas.
Según Mendieta, la magnitud del impacto dependerá de cuántos ecuatorianos regresen. Señala que “hay compatriotas que no están laborando porque las empresas no quieren contratar o mantener en su nómina a indocumentados”.
Además, Mendieta considera que los ecuatorianos podrían replantearse su decisión de migrar a Estados Unidos en el corto plazo. «Hay mucho riesgo en la frontera y el costo de migrar de forma ilegal supera los 15,000 dólares… Algunos ecuatorianos aplazarán estos viajes». Asegura que tanto la economía ecuatoriana como, especialmente, las familias de los migrantes sentirán este impacto, y que habrá economías locales donde el efecto será más significativo.
Dependencia ecuatoriana de las remesas
Ángel Muñiz, profesor de Teoría Económica en la Universidad Europea, destaca que Ecuador y el resto de Latinoamérica dependen en gran medida de las remesas, especialmente las que llegan desde Estados Unidos.
Con las políticas migratorias y las deportaciones impulsadas por Donald Trump, los migrantes enfrentan dos escenarios principales.
El primero es enviar todo el dinero que tengan ahorrado en EE.UU. por miedo a que esos dólares permanezcan allá, lo cual generaría un aumento temporal en los envíos.
El segundo escenario contempla una reducción en los envíos, ya sea de manera temporal o constante, debido a las deportaciones o a que los indocumentados dejen de trabajar.
En este contexto, las empresas en EE.UU. se muestran reacias a contratar mano de obra indocumentada. Esto lo experimenta Jorge, un migrante que dejó de trabajar en construcción hace dos semanas. Su jefe lo notificó que desea evitar multas por la contratación de indocumentados, lo que lo ha llevado a mantenerse recluido en su departamento en Queens. Jorge se lamenta diciendo: “Si esto sigue igual, pienso regresar a Ecuador antes de acabarme todos mis ahorros. Aquí, si uno no trabaja, nadie le ayuda”.
Diego, un cuencano que migró en 2003, expresa su preocupación por la propuesta del gobernador de La Florida, Ron DeSantis, quien sugiere que solo ciudadanos estadounidenses y residentes con visas puedan enviar remesas. “Si eso se concreta y otros estados copian la idea, ¿para qué venir a trabajar aquí?”, asegura Diego.
Impacto en la economía local ecuatoriana
El Departamento de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible identifica que las provincias más afectadas serán Cañar, Azuay y Morona Santiago, donde las remesas superan el 17% del total de su producción.
Incluso, el impacto será mayor en cantones cuyo principal ingresos económico son las remesas.
Para Mendieta, esto es complicado debido a que estas regiones no generan suficientes empleos para las personas que residen allí, y la falta de trabajo fue un motivo clave para la migración. “Una caída de las remesas generará un importante impacto en estas economías. Se deben generar alternativas de trabajo, pero esto no se podrá resolver en el corto plazo”.
El Gobierno de Ecuador ha ofrecido un subsidio de 470 dólares mensuales durante tres meses a los migrantes deportados, además de programas de capacitación y becas para brindarles nuevas oportunidades.
Migrantes que tienen créditos en Ecuador
Respecto a los migrantes endeudados en el sistema financiero, Juan Pablo Guerra, director de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), señala que no hay un registro previo de quiénes están endeudados.
Sin embargo, han realizado un análisis para investigar quiénes solicitaron préstamos y salieron del país. “Desde el 2024 se ha tratado de investigar quiénes pidieron préstamos y salieron del país. Hay instituciones que han determinado para qué sirvió ese dinero y si pagan puntuales o no», añade Guerra.
También han encontrado que algunos migrantes solicitaron créditos con la intención de no regresar a Ecuador. Guerra indica que los préstamos se destinaron a la compra de viviendas, apertura de negocios o consumo, aunque en muchos casos se usaron para cubrir los costos de migración.
Si un migrante es deportado y tiene deudas en Ecuador, se deben evaluar aspectos como su capacidad para solicitar una modificación del crédito. “No hay una generalidad”, afirma Guerra, “cada caso es distinto y los oficiales de créditos deben buscar soluciones dentro del marco normativo ecuatoriano”.
Es fundamental que los bancos, cooperativas de ahorro y mutualistas comprendan esta dinámica. “Es preferible una reestructuración a reconocer un crédito como perdido”, concluye.
Fuente: El Comercio.