Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea Nacional, respondió a la propuesta del Gobierno sobre la posible entrada de fuerzas extranjeras a Ecuador para luchar contra el crimen organizado.
Muñoz afirmó que el Ejecutivo no necesita la aprobación legislativa para llevar a cabo acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad, poniendo en duda la interpretación de la normativa por parte de la Presidencia.
El Gobierno de Daniel Noboa ha planteado la posibilidad de establecer acuerdos con países aliados para enfrentar el narcoterrorismo, asegurando que la medida respetará el marco constitucional y se canalizará a través de los mecanismos legales pertinentes. Esta propuesta es parte de su estrategia de seguridad, tras la declaratoria de conflicto armado interno y la implementación de estados de excepción para combatir a las bandas delictivas.
Muñoz se refirió al dictamen 9-23-1-24 de la Corte Constitucional, que establece que ciertos acuerdos internacionales en materia de seguridad no requieren aprobación legislativa. Explicó que la Asamblea no tiene la potestad de negociar estos convenios, siendo esta responsabilidad del Ejecutivo.
Asimismo, instó al Gobierno a manejar el tema con seriedad y revisar la ley antes de generar confusión en la ciudadanía.
Señaló que la cooperación en seguridad internacional requiere voluntad política y gestión por parte del Ejecutivo, afirmando que el Presidente cuenta con las herramientas legales necesarias para avanzar en estos acuerdos sin necesidad de respaldo legislativo.
Insistió en que cualquier otro tipo de acuerdo debería ser evaluado por la Corte Constitucional para determinar su viabilidad.
Muñoz también recordó que la Asamblea ha respaldado diversas iniciativas del Gobierno en materia de seguridad, como la aprobación unánime de la declaratoria de conflicto armado interno, las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el incremento del IVA como medida para fortalecer la seguridad.
Según Muñoz, la Asamblea ha proporcionado al Ejecutivo todas las herramientas solicitadas para combatir el crimen organizado, subrayando que ahora es responsabilidad del Presidente gestionar la cooperación internacional y que cualquier nuevo acuerdo debe ser analizado por la Corte Constitucional para determinar el procedimiento adecuado.