El 22 de febrero de 2025, diversas ciudades de Ecuador fueron escenario de movilizaciones simultáneas en defensa de los derechos de los animales. Colectivos animalistas marcharon para exigir a la Asamblea Nacional que archive el proyecto de ley LOPDA (Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales), argumentando que representa un retroceso en los derechos ya alcanzados para la fauna urbana y silvestre, protegidos por la Ley Orgánica Animal (LOA).
Las protestas se llevaron a cabo en Guayaquil, Quito, Santo Domingo, Loja, Riobamba, Machala, Manta, Ambato, Puerto López, Ibarra, Lago Agrio, Tena, Portoviejo, Zamora, Santa Elena y Puyo.
En Guayaquil, cerca de 100 personas se concentraron en el Parque Centenario con pancartas y cornetas, acompañados por sus mascotas, y marcharon por la avenida 9 de Octubre.
Mónica Cabrera, del Colectivo LOA, declaró que la LOPDA «es atentatoria contra los derechos de los animales, recientemente reconocidos por la sentencia de la Corte Constitucional (CC). Estamos en ese proceso de exigir su archivo para poder tramitar una ley que garantice y cumpla el mandato de la Corte».
Cabrera se refiere al fallo de 2022 que reconoce a los animales silvestres como sujetos de derechos de protección por formar parte de la naturaleza. Tras este fallo, la sociedad y la Defensoría del Pueblo crearon la LOA con científicos y veterinarios, según explicó Pepe Castro, de la fundación Rescate Animal Ecuador.
Castro señaló que la LOPDA modifica temas clave de la LOA, lo que significa un retroceso para los animales: “Estamos a punto de perder los poquitos derechos que se han conseguido hasta ahora para los animales, que son mínimos”.
Cabrera afirmó que la LOPDA incumple la sentencia de la Corte al no reconocer a los animales como sujetos de derecho ni la sentencia como principio fundamental. Añadió que se elimina un capítulo entero de prohibiciones generales, como el uso de animales para cometer delitos o en sacrificios rituales: «Está estratégicamente redactado para, creemos, blindar ciertas actividades que históricamente han servido para maltratar animales».
Los manifestantes exigieron el archivo del proyecto, advirtiendo que abre la puerta al regreso de las corridas de toros y las peleas de gallos, y que tipifica la zoofilia como delito de acción privada, limitando la investigación y judicialización de estos casos.
Tras recibir múltiples cuestionamientos, la Comisión de Biodiversidad del legislativo anunció que la LOPDA volverá a la Comisión para recopilar las demandas ciudadanas y modificar el texto antes de su segundo debate en la Asamblea Nacional. Esta medida fue bien recibida por los grupos animalistas.
La movilización evidenció la preocupación por la protección animal en el país y el temor a que la LOPDA represente un retroceso en los derechos de los seres sintientes. Los colectivos animalistas reiteraron su compromiso con la defensa y el bienestar de los animales, aspirando a un marco legal que garantice su vida e integridad.