Durante la crisis energética que atraviesa el Ecuador, ha dejado en evidencia las debilidades estructurales del sistema eléctrico nacional. Los apagones que han golpeado al país desde finales de septiembre de 2023 que afectaron a las familias ecuatorianas, y con repercusiones económicas y sociales de gran magnitud.
Por lo sucedido en este escenario, el Ejecutivo presentó el plan de inversiones en el sector eléctrico que contempla una fuerte financiación en infraestructura hidroeléctrica, con 5.700 megavatios de capacidad adicional y una inversión superior a los 7.000 millones de dólares. A esto se suman proyectos de energía eólica, fotovoltaica y geotérmica que, en conjunto, buscan diversificar la matriz energética y reducir la dependencia del agua, la cual hoy representa el 72 % de la generación eléctrica del país.
La dependencia excesiva de la energía hidroeléctrica sin contar con reservas estratégicas, el escaso mantenimiento de las centrales existentes y la falta de inversión en redes de transmisión han dejado al sistema vulnerable a las eventualidades del clima, como las sequías.
Por lo tanto, la crisis no solo es producto de la falta de infraestructura, sino también de una mala gestión y planificación en el sector eléctrico.