En septiembre y octubre del 2024, el presidente Daniel Noboa, mediante los decretos ejecutivos 384 y 442, implementó un subsidio para el consumo eléctrico de los hogares, que abarcó los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Este subsidio fue aplicable a los usuarios residenciales que consumieron hasta 180 kilovatios hora (kWh), los cuales no tuvieron que pagar por ese consumo. Si el consumo superaba los 180 kWh, los usuarios solo debían abonar la diferencia.
Recientemente, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, anunció que este subsidio se extenderá por un mes más, cubriendo también marzo de 2025. Esta información fue dada a conocer a través de las radios Fiesta de Machala y Ondas del Pacífico. La ministra comentó que el beneficio seguirá disponible para los usuarios residenciales durante este período adicional, buscando continuar apoyando a las familias ecuatorianas.
A nivel nacional, más de cinco millones de usuarios residenciales se beneficiaron del subsidio, lo que representó una subvención de 36 millones de dólares, según los datos proporcionados por el Ministerio de Energía y Minas al cierre de la facturación de noviembre de 2024. Este descuento fue equivalente a 180 kWh, y no afectó otros rubros como los relacionados con bomberos, recolección de basura o alumbrado público, ya que estos son independientes del consumo de electricidad.
El costo total de este subsidio para las facturas de luz en enero fue calculado en 174,93 millones de dólares, según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel). Inicialmente, la compensación se había establecido para tres meses, desde diciembre de 2024 hasta febrero de 2025, con un costo de 131,20 millones de dólares. Sin embargo, el presidente Noboa decidió incluir noviembre de 2024 en el plan de subsidios, lo que aumentó el costo en 87,47 millones de dólares adicionales. La Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica resaltó que, aunque los cálculos se basaron en cifras históricas, el objetivo principal es aliviar la carga financiera de las familias ecuatorianas.