En 2024, las fuerzas del orden ecuatorianas aprehendieron a 73.425 personas en todo el territorio nacional. No obstante, la cantidad promedio de individuos encarcelados durante el año pasado fue de 32.941, de acuerdo con cifras oficiales.
Esto significa que los reos representaron el 44,86% del total de detenidos en 2024, según datos del Ministerio del Interior y del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). El Gobierno ha propuesto cambios en el sistema.
Tras un operativo Apolo en Guayaquil, el comandante de la Policía, el general Víctor Hugo Zárate, confirmó que de cada diez personas arrestadas, solo cuatro son enviadas a prisión preventiva, mientras que seis reciben medidas alternativas. “Esto se ha convertido en una puerta giratoria para la delincuencia”, advirtió.
Presidencia propone reforma parcial a la Constitución para aplicar la prisión preventiva en casos de terrorismo y crimen organizado.
La Policía Nacional atribuye la situación actual a “leyes demasiadas garantistas” y a decisiones judiciales cuestionables que permiten a los detenidos «a seguir delinquiendo». Una de las principales quejas es la concesión de arrestos domiciliarios a personas procesadas por delitos graves, en lugares que no ofrecen ninguna garantía, lo que ha puesto en riesgo la vida de los agentes encargados de su custodia.
Como ejemplo, se cita el caso ocurrido la madrugada del 9 de febrero en Guayaquil, donde un policía fue asesinado y otro herido durante un ataque a los uniformados que custodiaban a un individuo procesado por secuestro, quien había recibido el beneficio de arresto domiciliario por razones de salud.
A pesar del elevado número de detenciones realizadas en 2024 y de la declaratoria de conflicto armado contra 20 bandas criminales, en un contexto de militarización de las calles y las cárceles, el número de presos no ha aumentado en la misma proporción.
En enero de 2024 se registraron 31.152 personas privadas de la libertad en los 35 centros penitenciarios del país, cifra que ascendió a 33.548 en diciembre, lo que representa un aumento de 2.400 personas. Paralelamente, el hacinamiento en las cárceles se incrementó del 11,64% al 20,74%.
El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) señala que muchos procesos judiciales contra los detenidos no culminan en sentencia, permitiendo que los reclusos recuperen su libertad en un plazo máximo de seis meses.
Además, dentro de prisión, los detenidos son cooptados por las bandas criminales, mejoran sus habilidades delictivas e incluso ascienden en la jerarquía de estas organizaciones, incrementando su capacidad operativa al salir en libertad.
El Consejo de la Judicatura ha mantenido que, aunque puede iniciar procesos sancionatorios contra jueces y fiscales en casos específicos, la prisión preventiva es una medida excepcional según el marco legal vigente. Sin embargo, el Gobierno de Daniel Noboa pretende cambiar este panorama.
El 5 de febrero, la Presidencia de la República envió a la Corte Constitucional un proyecto de reforma parcial a la Constitución que permitiría a los jueces dictar prisión preventiva inmediata a procesados por terrorismo y crimen organizado.
Adicionalmente, el nuevo ministro del Interior, John Reimberg, anunció que ha solicitado modificaciones en la normativa para dictaminar prisiones domiciliarias, con el objetivo de evitar que los jueces otorguen esta medida a personas que no cumplen con los requisitos mínimos, lo que pone en riesgo la vida de los servidores policiales. La propuesta también debe ser presentada a la Corte.
También se están llevando a cabo correcciones en los procedimientos policiales y en los procesos de judicialización de los detenidos, especialmente en objetivos de mediano y alto valor, para evitar que sean liberados, según las nuevas directrices ministeriales.
La mirada regional sobre el tema indica que un abuso de la prisión preventiva termina fortaleciendo al crimen organizado. “Tenemos mucha gente en prisión preventiva en nuestros países”, advirtió a sus homólogos el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, en una Cumbre de Seguridad en Guayaquil.
“Tenemos que conseguir que la persecución penal sea efectiva y que nos permita reducir una prisión preventiva que lo que hace es aumentar las capacidades de cooptación dentro de los sistemas penitenciarios por parte de las bandas de crimen organizado”, señaló.
Monsalve considera que se debe abordar todo el circuito de justicia, comenzando por fortalecer la persecución penal y su integridad con el Poder Judicial. Asimismo, enfatizó en la importancia de robustecer los sistemas penitenciarios aplicando regímenes diferenciados y una adecuada segregación de los reclusos.
Fuente: PRIMICIAS