El lunes 3 de marzo, la ministra de Energía, Inés Manzano, ratificó en rueda de prensa la adjudicación del campo petrolero Sacha al consorcio internacional Sinopetrol (integrado por Petrolia Ecuador y Amodaimi Oil Company S.L.), enfatizando que el campo «no se privatiza, vende ni alquila.»
Manzano rechazó la idea de una «oferta a dedo», explicando que el proceso involucró a tres empresas estatales y una empresa adicional, aunque esta última no presentó propuesta. Según Manzano, la adjudicación a Sinopetrol fue resultado de meses de trabajo y la aprobación del Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas.
El consorcio Sinopetrol deberá pagar una prima de USD 1.500 millones al Estado, sin intereses, antes de comenzar sus operaciones, recursos que, según Manzano, se destinarán a inversión social y no al pago de deudas. «Con esos USD 1.500 millones no tengo que pagarle al FMI ni la deuda externa; esos fondos serán para reinvertir en Ecuador», afirmó.
El viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, informó que el Estado recibirá el 82% de los beneficios de la renta petrolera después de la liquidación, basándose en un precio referencial del crudo WTI de USD 62 por barril. Se espera que, si la producción supera las expectativas, los beneficios para el Estado podrían aumentar. Se proyecta un incremento de producción superior a los 100 millones de barriles diarios en los próximos tres años.
Ferreira también aclaró que la empresa contratista asumirá todos los riesgos operativos, ambientales y sociales, así como las inversiones necesarias para la perforación, instalaciones, repotenciación y demás costos del proyecto, subrayando que «El Estado no coloca ni un dólar en este tipo de actividad».