La Corte Constitucional recomendó a la Asamblea evaluar la vigencia de la Ley de Apoyo Humanitario, creada tras la pandemia del covid-19, para determinar si aún es adecuada en la situación actual. Además, declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley que afectaban los derechos laborales. Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte anuló los artículos 16, 17 primer inciso, 18 y la frase “o si la terminación se da por decisión unilateral del empleador” del penúltimo inciso del artículo 19 de esta norma.
Los artículos anulados estaban relacionados con medidas laborales extraordinarias implementadas durante la pandemia, como la reducción de la jornada laboral y la creación de contratos especiales. Además, permitían que los empleadores pudieran finalizar los contratos de trabajo de manera unilateral, sin procedimientos ni justificación que protegieran los derechos de los trabajadores. Estas medidas fueron consideradas como vulneraciones a los derechos laborales fundamentales.
Por otro lado, la Corte condicionó la constitucionalidad de algunas disposiciones de la ley y su reglamento, como la reducción de la jornada laboral, que no podrá superar el 50% de la jornada habitual. También aclaró que el teletrabajo solo podrá ser aplicado con el consentimiento de los servidores públicos, a excepción de situaciones excepcionales muy específicas.
La Corte recordó a la Asamblea Nacional su responsabilidad de evaluar la relevancia actual de la Ley de Apoyo Humanitario y si es necesario, realizar las reformas pertinentes. La sentencia, emitida el 14 de febrero de 2025, fue resultado de demandas de inconstitucionalidad presentadas por sindicatos y otros sectores, incluidos algunos asambleístas, tras el veto total del proyecto para derogar esta norma por parte del expresidente Guillermo Lasso en 2022. Este miércoles, 5 de marzo de 2025, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz y su bancada correísta consideraron esta resolución como un triunfo.