Con respecto al Caso Purga, la Fiscalía General del Estado presentó una serie de pruebas que exponen el presunto manejo irregular de la justicia en la Corte Provincial de Guayas. La investigación revela la existencia de una estructura delictiva que operaba dentro del sistema judicial, favoreciendo intereses privados a cambio de beneficios materiales y económicos. Entre las evidencias presentadas se incluyen registros de conversaciones, testimonios de los implicados y documentos que demuestran la manipulación de decisiones judiciales.
Además, se ha señalado el uso de redes de influencia para alterar tanto procesos judiciales como administrativos en beneficio de ciertos grupos. La Fiscalía sostiene que esta estructura operaba de manera organizada, con una jerarquía bien definida dentro del sistema de justicia. Entre los procesados por este esquema se encuentran el exasambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y el exjuez Johann Marfetán, quienes fueron condenados a 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada. La sentencia fue emitida por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia el 3 de marzo de 2025.
Las investigaciones revelaron que Pablo Muentes, exasambleísta por Guayas, mantenía estrechos lazos con varios jueces provinciales, incluyendo a Fabiola Gallardo y Johann Marfetán. La Fiscalía sostiene que estos vínculos fueron cruciales para que Gallardo fuera designada presidenta de la Corte Provincial de Justicia en 2022. Además, se mencionan a Mercedes V. y Mayra S., quienes habrían sido fundamentales en la consolidación de este grupo que controlaba las decisiones judiciales y administrativas.
Esta estructura delictiva permitió la designación de jueces que favorecían los intereses de los involucrados, facilitando decisiones que beneficiaban a terceros a cambio de retribuciones. Un caso significativo dentro de la investigación fue la acción de habeas data presentada por Pablo Muentes contra el Banco del Pacífico, la cual se sustentaba en documentos adulterados. Según la Fiscalía, este caso fue favorecido por el juez Reinaldo C. C., quien más tarde fue ascendido a juez provincial de Guayas.
Por otro lado, la jueza Andrea P. anuló de manera irregular una ficha registral de terrenos valorados en 200 000 dólares, permitiendo que Fausto A. G., primo de Pablo Muentes, se apropiara de ellos. La Fiscalía asegura que la eliminación de esta información catastral se realizó sin ningún respaldo legal. Además, se expuso el uso de estrategias para manipular la opinión pública, como la creación de «troll centers» para desacreditar a opositores y manipular la percepción sobre los fallos judiciales.
Las investigaciones también detallaron la gestión de la campaña de Hugo G. para la presidencia de la Corte Provincial de Justicia, con el fin de mantener el control sobre la administración judicial. Se promovió la implementación de sistemas biométricos como parte de esta estrategia. Así mismo, se presentaron pruebas de reuniones en las que se discutían tácticas para manipular sorteos judiciales, cerrar sumarios administrativos y asignar jueces en casos clave, lo que evidenció un esquema sistemático de corrupción en la justicia en Guayas.
En la fase final del juicio, la Fiscalía presentó su alegato de cierre, destacando la influencia que los procesados tenían sobre el sistema judicial. Se detalló la participación de varios implicados, incluyendo a Reinaldo C. C., Henry R. T., Nelson M. P., Ramos A. T., Fausto A. G., Ruth C. S. P., Saúl A. M. Z., Guillermo P. V., Juan J. R. y Andrea M. P., quienes colaboraron con la estructura delictiva para alterar fallos a favor de sus propios intereses. Las pruebas incluyeron testimonios, análisis informáticos y registros de comunicaciones entre los acusados.
Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía solicitó una condena de 13 años y cuatro meses de prisión para Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y Johann Marfetán. Para los demás procesados, se solicitaron penas de entre 7 y 9 años, según su grado de implicación. Ante esto, se solicitó una reparación económica para las entidades afectadas y la inhabilitación de los procesados para ejercer funciones públicas. El fiscal Wilson Toainga destacó que este caso marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción judicial y la necesidad de un poder judicial ético y transparente.