La tensa relación entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad ha dado lugar a una propuesta de enmienda constitucional que busca fortalecer las funciones del vicepresidente. La asambleísta Luzmila Abad, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, presentó la iniciativa, que busca otorgar al vicepresidente mayor autonomía y responsabilidades más allá de las tradicionales establecidas en la Constitución ecuatoriana.
Actualmente, el artículo 149 de la Constitución define la función del vicepresidente como una que refleja las funciones del presidente en muchos aspectos. El artículo especifica que el vicepresidente desempeña las funciones que le asigna el presidente y cumple el mismo mandato, excepto cuando lo reemplaza. Sin embargo, la enmienda propuesta busca otorgar al vicepresidente mayor independencia, específicamente en áreas importantes de la gobernanza nacional.
Con los cambios propuestos, el Vicepresidente asumiría funciones importantes como la supervisión ministerial, la representación del Ecuador en foros internacionales políticos, económicos y culturales, y la coordinación de proyectos nacionales de desarrollo en sectores prioritarios. El Vicepresidente también tendría la tarea de presidir comisiones interinstitucionales y garantizar la aplicación de las políticas públicas, así como de presentar informes periódicos al Presidente y a la Asamblea Nacional sobre su progreso.
Además, la enmienda enfatiza que el Presidente ya no podrá delegar responsabilidades en el Vicepresidente que lo desvíen de sus funciones constitucionales fundamentales. Este cambio se considera un esfuerzo por otorgar mayor independencia política a la Vicepresidencia, permitiéndole un papel más sólido y proactivo en la gobernanza del país.
La propuesta ha generado debate en el ámbito político, con algunos elogiándola como un paso necesario para fortalecer los procesos democráticos, mientras que otros la consideran una reacción a las consecuencias del conflicto entre Noboa y Abad. Se espera que la propuesta se someta a un nuevo debate en la Asamblea Nacional, y su resultado podría tener importantes implicaciones para el funcionamiento del poder ejecutivo ecuatoriano.