El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) finaliza la inhabilitación de Priscila Schettini para la Asamblea Nacional, tras denegar todas sus apelaciones restantes. El tribunal dictamina que Schettini, elegida bajo la bandera de la Revolución Ciudadana, queda inhabilitada para asumir el cargo debido a una sanción confirmada por violencia política de género contra la Fiscal General Diana Salazar. La decisión, tomada este viernes 9 de mayo, se vuelve definitiva a pocos días del inicio del nuevo período de la Asamblea.
El fallo se deriva de un caso que se remonta a junio de 2024, cuando Schettini y la abogada Angélica Porras fueron declaradas culpables de realizar declaraciones difamatorias y con contenido racial contra Salazar. El tribunal establece que sus comentarios públicos, incluyendo etiquetas como #LadyPlagio y #LadyImpericias, constituyen violaciones electorales muy graves. Como resultado, Schettini pierde sus derechos políticos durante tres años y recibe una multa de $23.500. Porras recibe una suspensión de dos años y una sanción similar.
A pesar de no asistir a la ceremonia oficial de entrega de credenciales celebrada por el Consejo Nacional Electoral a principios de esta semana, Schettini recupera posteriormente su certificado y publica una foto desafiante dentro de la Asamblea. En su mensaje, agradece a sus partidarios y se compromete a continuar su lucha política. Sin embargo, la resolución del TCE le impide asumir su escaño el 14 de mayo, fecha prevista para la juramentación de la Asamblea para el período legislativo 2025-2029.
Santiago Díaz, suplente de Schettini, es confirmado como su reemplazo y estará presente en la sesión inaugural. La decisión del tribunal se produce tras una votación en el pleno del TCE, con tres miembros a favor, uno con reservas y otro en contra. El juez Joaquín Viteri lee la decisión final, declarando que los recursos de apelación horizontales presentados por Schettini y Porras carecen de fundamento válido para revisar la sentencia original.
El TCE subraya que el lenguaje ofensivo y las caracterizaciones despectivas utilizadas por ambas mujeres, difundidas en redes sociales, desacreditan la imagen profesional de Salazar y violan los principios de respeto político y no discriminación. El caso, vinculado a debates más amplios sobre la violencia de género en el discurso político, señala la firme postura del tribunal en la defensa de la conducta ética de los funcionarios electos.
Si bien Schettini conserva su elegibilidad para participar en futuras elecciones después de mayo de 2028, sus aspiraciones políticas inmediatas se ven frenada. El fallo despoja de su escaño legislativo, y transmite un mensaje sobre las consecuencias de la agresión política basada en el género. Con la firmeza del caso, la Asamblea avanza sin su presencia, lo que marca un cambio notable en el cuerpo legislativo entrante.