La Corte Constitucional del Ecuador ha intensificado la presión sobre el gobierno del presidente Daniel Noboa para que establezca una comisión interinstitucional destinada a abordar la creciente crisis de seguridad del país. A pesar de una sentencia emitida el 21 de febrero de 2025 que ordena la creación de este organismo, el Poder Ejecutivo aún no la ha cumplido, lo que ha provocado un conflicto legal entre los jueces constitucionales y la presidencia.
La directiva de la Corte exigía la formación de una comisión integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de Transparencia. El objetivo es desarrollar estrategias coordinadas para combatir el crimen organizado y reducir la dependencia de los estados de excepción. Sin embargo, el gobierno impugnó la sentencia, argumentando que la Corte carece de la autoridad constitucional para dictar políticas de seguridad pública, una competencia que, según afirma, está reservada exclusivamente al Presidente.
En respuesta, la Corte Constitucional rechazó la solicitud de modulación del gobierno el 8 de mayo del 2025, reafirmando su postura de que el propósito de la comisión es facilitar el diálogo y la cohesión institucional, no usurpar poderes ejecutivos. La Corte enfatizó que su función es garantizar el cumplimiento constitucional y que la comisión es un mecanismo para fomentar la colaboración entre las entidades estatales.
La Corte advirtió que el incumplimiento continuado podría conllevar sanciones, incluyendo la posible destitución de funcionarios públicos, como se establece en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto incluye al presidente Noboa y otras figuras que no han designado delegados para la comisión.
Entre los funcionarios que se espera que participen se encuentran el ministro del Interior, John Reinberg; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; la ministra de Economía, Sariha Moya; y la fiscal general, Diana Salazar. La Corte ha estipulado que si estas autoridades no designan representantes, deberán participar directamente en las actividades de la comisión.
La Asamblea Nacional tiene como plazo el 24 de mayo de 2025 para confirmar o modificar la composición de sus delegados en la comisión. El estancamiento actual pone de relieve los desafíos que enfrentan las estructuras de gobierno de Ecuador al abordar las complejidades de garantizar la seguridad nacional dentro del marco del derecho constitucional.