En una declaración firme pero mesurada, el asambleísta Sergio Peña, miembro de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, y parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, expresó su seria preocupación por el proyecto de ley urgente que busca desmantelar la economía criminal de Ecuador. En declaraciones a medios locales, Peña advirtió que la legislación propuesta se encontraba aún «en pañales» y requería ajustes fundamentales antes de avanzar.
El asambleísta señaló que, si bien la intención del proyecto de ley es encomiable —dado el aumento del crimen organizado y la urgencia de restablecer la seguridad—, actualmente carece de definiciones importantes que podrían dar lugar a abusos de poder. En particular, enfatizó la necesidad de marcos más claros sobre allanamientos y arrestos sin orden judicial, herramientas que, según él, deben estar estrictamente reguladas para evitar la violación de derechos constitucionales.
Peña también destacó la ambigua estructura del llamado Bloque de Seguridad, que el proyecto de ley propone crear como una fuerza especializada para combatir las organizaciones criminales. Según el legislador, el concepto sigue siendo vago y poco definido, carente de los controles y contrapesos necesarios, esenciales en un estado democrático. «La empresa privada siempre va a buscar su parte operativa, para que ellos también puedan obtener, en este caso, la seguridad jurídica que necesitan para funcionar», afirmó.
Sus comentarios se producen en medio de un creciente debate nacional sobre el equilibrio entre la seguridad pública y las libertades civiles, ya en días anteriores, daba indicios sobre el tema a través de sus redes sociales. Si bien muchos sectores de la sociedad apoyan medidas más enérgicas contra los terroristas y el narcotráfico, expertos legales y organizaciones de derechos humanos han hecho eco de las preocupaciones de Peña, advirtiendo que la aprobación apresurada de leyes podría socavar el debido proceso.
Peña instó a sus colegas legisladores a tomarse el tiempo necesario para perfeccionar la propuesta y garantizar que se ajuste a los principios constitucionales y los estándares internacionales. Exhortó a la Asamblea Nacional a involucrar a especialistas legales, la sociedad civil y las instituciones académicas en el proceso legislativo para construir una respuesta integral y eficaz contra el crimen organizado.
Para concluir, el asambleísta reafirmó su compromiso de apoyar reformas serias y bien estructuradas que mejoren la seguridad sin comprometer los valores democráticos. Aúpa a la necesidad de soluciones urgente, pero nunca a costa de la justicia y los derechos humanos.