Este mes de junio, estalló una controversia en Ecuador tras la destrucción, en marzo pasado, de pruebas importantes en una investigación por enriquecimiento ilícito contra familiares de José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», líder del grupo criminal Los Choneros. Documentos financieros, computadoras y teléfonos celulares incautados durante la investigación de 2020 contra la esposa de Fito, Inda Mariela Peñarrieta, y otros miembros de su familia fueron incinerados por orden judicial, a pesar de las preocupaciones de la Fiscalía.
La jueza Zoila Véliz del Juzgado Penal de Manta autorizó la destrucción de pruebas a petición de la propia esposa de alias Fito, argumentando que el caso había sido sobreseído en diciembre de 2020 y porque fue declarada inocente. Esta decisión genera preocupación, especialmente porque los bienes incautados nunca fueron transferidos al Estado, como lo exige el procedimiento, sino que fueron devueltos a los familiares de Fito.
Mientras tanto, esta semana se abrió en Quito una nueva investigación por lavado de dinero, independiente de la de 2020. Las autoridades sostienen que las pruebas actuales están «intactas» y que, en esta ocasión, el caso se procesará fuera de Manabí, provincia natal de Fito, para garantizar una mayor imparcialidad. Fito, prófugo desde su dramática fuga de la prisión regional de Guayaquil en enero de 2024, está sujeto a una alerta roja de Interpol.
El gobierno ecuatoriano ofrece una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a su captura. Estados Unidos también impuso sanciones económicas contra él y Los Choneros, acusándolos de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa. Este caso pone de relieve los continuos desafíos que enfrenta Ecuador en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
La destrucción de pruebas en la investigación inicial pone en duda la integridad del sistema judicial y la capacidad del Estado para procesar eficazmente las actividades delictivas de figuras tan poderosas en el mundo criminal, como lo es alias Fito. Si bien las autoridades prometen una investigación rigurosa en el nuevo caso, la opinión pública se mantiene escéptica. Aumenta la presión para garantizar que esta vez se haga justicia y que los responsables rindan cuentas, a fin de restablecer la confianza en las instituciones ecuatorianas.