El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el 11 de junio de 2025 un decreto mediante el cual convoca a una consulta popular, con el objetivo de reactivar su propuesta de reforma laboral, previamente archivada por el Senado el pasado 14 de mayo, tras obtener 49 votos en contra.
La consulta está prevista para el 7 de agosto y plantea temas clave como la reducción de la jornada laboral, la eliminación de la tercerización, el reconocimiento de licencias médicas y la garantía de salarios justos en el sector rural.
Petro justificó esta decisión alegando que su gobierno ha enfrentado un “bloqueo institucional” por parte del Congreso. Además, afirmó que el decreto quedaría sin efecto únicamente si el Legislativo aprueba los puntos planteados antes de la fecha de la consulta.
La medida ha generado polémica entre actores políticos y constitucionalistas. Varios sectores, incluidos exfuncionarios del gobierno y expresidentes, han advertido que esta acción representa una ruptura del orden institucional, ya que la facultad de convocar una consulta popular recae en el Congreso. En esa misma línea, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificó la decisión como un exceso en el ejercicio del poder.