Desde enero de 2024, luego de que se declarara el conflicto armado interno, el presidente de la República, Daniel Noboa, ha emitido múltiples estados de excepción en distintas provincias y cantones. A pesar de estas acciones, la violencia no ha disminuido.
Las áreas más afectadas por la inseguridad en Ecuador han permanecido prácticamente 18 meses bajo estado de excepción. No obstante, según los datos oficiales proporcionados por el Gobierno, esta estrategia no ha logrado contener la criminalidad.
Desde enero de 2024, el presidente Daniel Noboa ha suscrito 13 decretos ejecutivos estableciendo el estado de excepción en diversas zonas del país. El más reciente fue firmado el 10 de junio de 2025 y responde a la crisis de seguridad en siete provincias y en Quito.
Todo se originó en enero de 2024, cuando la violencia alcanzó niveles extremos: los homicidios se incrementaron, los actos terroristas se intensificaron y un grupo armado irrumpió en un canal de televisión. Ante esto, el Presidente declaró el estado de excepción a nivel nacional y reconoció la existencia de un conflicto armado interno.
A partir de esa decisión y con el despliegue de fuerzas militares en las calles, los asesinatos descendieron rápidamente. La reducción llegó al 63%, y la baja en los niveles de violencia fue aún más marcada en el mes siguiente: en febrero de 2024 se registraron 384 crímenes, lo que convirtió ese mes en el más tranquilo desde abril de 2022.
Pese a esta mejora inicial, la reducción no se mantuvo como una tendencia sostenida. Desde marzo de 2024, los asesinatos comenzaron a repuntar nuevamente, alcanzando en los primeros meses de 2025 cifras cercanas a los peores registros históricos.
Ante este panorama, Noboa continuó emitiendo estados de excepción debido a la crisis de seguridad, pero esta vez concentrados en siete provincias y dos cantones con los niveles más altos de violencia: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, Camilo Ponce Enríquez (Azuay) y Quito (Pichincha).
Los datos mensuales del Ministerio del Interior evidencian que el estado de excepción focalizado no ha sido suficiente para controlar la violencia.
Solo en Camilo Ponce Enríquez, cantón de Azuay, se registró una baja del 68% en asesinatos. Por esta razón, esta localidad no fue incluida en el último decreto. Entre enero y mayo de 2025, se contabilizaron cinco homicidios en esa zona, frente a 16 en el mismo lapso de 2024.
Finalmente, por el contrario, en Quito, El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y Sucumbíos (que siguen bajo emergencia y, en ciertos casos, con toque de queda), el número de asesinatos ha aumentado. El ejemplo más evidente es el de El Oro, donde se pasó de 96 muertes violentas entre enero y mayo de 2024, a 270 asesinatos en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento del 181%.