La reciente Ley de Integridad Pública aprobada por el presidente de la República, Daniel Noboa, impone penas más severas a adolescentes y desatiende recomendaciones de organismos internacionales, de acuerdo con Human Rights Watch.
El 24 de junio de 2025, la Asamblea Nacional dio paso a la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública, que fue sancionada por el presidente Daniel Noboa al día siguiente.
Aunque el objetivo declarado por el Gobierno es luchar contra la corrupción y mejorar los servicios públicos, la normativa introduce modificaciones en el sistema penal juvenil que generan alarma en defensores de derechos humanos.
Entre los cambios está el aumento de penas para adolescentes, que pasan a ser de 8 hasta 15 años. Asimismo, la ley contempla que los jóvenes puedan cumplir parte de sus condenas en cárceles para adultos una vez que alcancen los 18 años.
Human Rights Watch (HRW) advirtió que estas reformas representan una vulneración a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, sostuvo que la estrategia del Gobierno termina castigando a las víctimas en vez de brindarles protección. En medio del aumento de la violencia en Ecuador, los homicidios han subido y muchos menores se han visto expuestos al reclutamiento forzado.
“En lugar de brindar apoyo, la nueva ley endurece el castigo”, indica HRW, contradiciendo así lo estipulado por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución ecuatoriana.
El decreto presidencial emitido este mismo mes, que declara como prioridad nacional la erradicación del reclutamiento infantil, entra en conflicto con el enfoque punitivo de la nueva normativa.
Entre otras medidas, la ley elimina opciones alternativas como el régimen abierto o semiabierto. Además, amplía el periodo de prisión preventiva de 90 días a un año para los adolescentes implicados en delitos considerados graves.
HRW remarcó que el encarcelamiento debe utilizarse solo como último recurso y durante el menor tiempo posible. La organización insiste en que las sanciones deben incorporar medidas socioeducativas y no limitarse únicamente a penas de cárcel.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU también ha exhortado a Ecuador a no aplicar un tratamiento de adultos a menores de edad.
Para enfrentar el problema del reclutamiento infantil, el Estado debe trabajar sobre las causas estructurales como la pobreza, el abandono escolar y la violencia social. Además, resulta esencial ofrecer entornos seguros donde los niños puedan desarrollarse, estudiar y mantenerse alejados del crimen organizado.
«Estas reformas son abusivas e ineficaces», afirmó Goebertus. “Sin medidas de protección, los grupos criminales seguirán usando a niños para sus fines, mientras el Estado castiga a las víctimas”, concluyó finalmente.
Fuente: Radio Pichincha (sitio web)