El Tribunal Electoral (TCE) rechazó formalmente la apelación interpuesta por los partidos Unidad Popular y PSC para sancionar al presidente Daniel Noboa, confirmando así su inocencia en la presunta infracción electoral.
El fallo se basa en acusaciones de que influyó indebidamente en los votantes durante actos de campaña. Los funcionarios del Tribunal enfatizan que la apelación carecía de pruebas suficientes y de fundamento jurídico sólido, lo que motivó su desestimación durante la sesión plenaria. El tribunal también señala que el PSC se desistió de la denuncia, dejando constancia únicamente de las acusaciones del Unidad Popular.
El caso se centró en los presuntos comentarios que Noboa hizo desde el balcón del palacio presidencial en enero, supuestamente incentivando el apoyo público a su candidatura, un acto impugnado bajo la ley electoral. Sin embargo, el Tribunal no encontró pruebas de que estas declaraciones constituyeran una inducción ilegal al voto.
Los defensores legales de Noboa se mantuvieron seguros durante toda la audiencia, afirmando que las pruebas no demostraban ninguna infracción judicial o electoral. Su presentación argumentó convincentemente que el presidente seguía estando en el ejercicio de sus derechos.
La oposición denuncia el fallo como un símbolo de sesgo judicial a favor del presidente en ejercicio, mientras que los partidarios del Gobierno elogian el resultado como una señal de claridad jurídica y estabilidad política. La desestimación centra la atención en los futuros mecanismos de supervisión electoral.