La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, condenó la multa de $9,000 impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), afirmando que se trata de una táctica para silenciar su voz independiente. Argumenta que la acusación carece de pruebas y constituye un ataque con fines políticos.
Describe el fallo como prueba de un “sistema judicial fallido”, donde la justicia se ve distorsionada por influencias políticas y se suprimen verdades incómodas. Veloz señala la flagrante inconsistencia: mientras ella enfrenta un castigo basado en acusaciones no verificadas, un legislador oficialista implicado en un escándalo público es exonerado el mismo día a pesar de contar con pruebas sustanciales.
Enfatiza que la decisión se tomó sin hechos concretos, calificando la acusación en su contra de falsa y con motivaciones políticas. Reconociendo el impacto personal, valora el apoyo de su familia, describiendo su inquebrantable presencia como una fuente de fortaleza en medio del aislamiento en las batallas políticas.
A pesar de la presión, Veloz promete continuar su lucha, afirmando que no será silenciada y que buscará la transparencia y la integridad con una determinación inquebrantable. Su reacción genera debate en torno a la judicialización de la política en Ecuador, llamando la atención sobre la preocupación por la aplicación desigual de la justicia y la crisis funcional de las instituciones democráticas.