En medio del estado de excepción que atraviesa Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha enviado a la Asamblea Nacional tres proyectos de ley con carácter económico urgente. Dos ya han sido aprobados y una más se encuentra en trámite. Todas tienen en común la inclusión de múltiples reformas a diferentes normativas, evocando la fórmula de las llamadas leyes ‘trole’.
Este modelo legislativo no es nuevo. Tras la dolarización en el año 2000, el entonces presidente Gustavo Noboa remitió al Congreso la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, que pasó a la historia como la primera ley ‘trole’. Con solo 55 páginas, ese documento contenía 12 bloques temáticos de reformas que iban desde cambios en los regímenes monetario y laboral hasta la apertura a la inversión privada en sectores estratégicos. A eso se sumaban disposiciones transitorias y reformas puntuales a varias otras leyes.
El apodo de “ley trole” surgió por la comparación con los trolebuses que circulan en Quito, adquiridos por Jamil Mahuad cuando era alcalde de la ciudad: vehículos que arrastran varios vagones, tal como estas leyes agrupan numerosos temas en un solo cuerpo legal.
Más adelante, el expresidente Lenín Moreno recurrió también a este modelo. En 2018 logró la aprobación de la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo. Sin embargo, otra propuesta similar enviada en 2019 —la Ley para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo y Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero— fue archivada.
Por su parte, Guillermo Lasso intentó seguir el mismo camino con el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, más conocida como la “megaley”. Sin embargo, esta ni siquiera fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debido a la mayoría opositora.
En el actual periodo legislativo, el presidente Noboa y su bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), junto con sus aliados, han retomado esta práctica. No importa cuántos cambios se introduzcan durante el trámite legislativo, todos cuentan con el respaldo final del Ejecutivo.
Una de las leyes más representativas es la Ley de Integridad Pública. Fue enviada por el Ejecutivo a finales de mayo de 2025 con apenas 17 páginas. Sin embargo, tras su tratamiento legislativo, se convirtió en un texto de más de 150 páginas que incluye reformas a una veintena de leyes. Aprobada bajo el lema “no hay tiempo que perder”, impulsado por la asambleísta Valentina Centeno, esta ley no solo transformó la normativa de contratación estatal, sino que también introdujo modificaciones sustanciales a la Ley de Servicio Público.
Estas reformas provocaron el rechazo de gremios y sindicatos del sector público, que presentaron cinco demandas de inconstitucionalidad y amenazan con movilizaciones si no se da marcha atrás. Entre los cambios se encuentran nuevas condiciones para el retiro voluntario, el pago por despido intempestivo, reformas en evaluación del personal, y disposiciones relacionadas con el ámbito judicial, monetario, migratorio, de cooperativas y hasta en el Código de la Niñez, permitiendo juzgar como adultos a menores de edad en ciertos delitos.
Una segunda norma ya vigente es la Ley de Solidaridad Nacional, en efecto desde el 10 de junio de 2025. Esta ley establece el marco legal para el manejo de un conflicto armado no internacional, pero además incorpora reformas penales enfocadas en temas de seguridad, hidrocarburos y consumo de drogas. Uno de los puntos más polémicos fue la reintroducción de la llamada “tabla de drogas”, que deberá ser elaborada por el Ministerio de Salud, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, reemplazando los parámetros eliminados por el mismo presidente Noboa en noviembre de 2023.
Finalmente, una tercera propuesta aún en trámite es la Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas. Esta normativa fue presentada inicialmente con solo cinco artículos, pero en el informe para primer debate se incluyeron nuevas reformas, como una disposición electoral relacionada con la ley seca en el fin de semana de elecciones. Esta última fue retirada del texto final por la controversia generada, aunque se mantuvo otra adición que establece la remisión de intereses, costas judiciales y cargos derivados de operaciones crediticias con la Corporación Financiera Nacional (CFN).
Aunque esta ley todavía debe pasar por el segundo debate y la revisión del Ejecutivo, se prevé que siga el mismo camino de las anteriores: una aprobación acelerada y su inmediata entrada en vigencia mediante publicación en el Registro Oficial.
Así, con la Ley de Integridad Pública, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, el Gobierno actual ha consolidado el retorno de la estrategia legislativa de las leyes ‘trole’, caracterizadas por su diversidad temática, trámite urgente y el uso de la mayoría parlamentaria oficialista para su aprobación expedita.